Galicia rechaza la relajación del objetivo de déficit que hoy aprueba el Gobierno
ECONOMÍA
Montero no logra tentar a las comunidades del PP con 2.500 millones más en el 2019
20 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.En una reunión, la número cien, aún más larga de lo habitual -se prolongó durante casi cinco horas- el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer relajar los objetivos de déficit para el conjunto de las comunidades autónomas los próximos tres años. La propuesta del Ejecutivo, que hoy irá al Consejo de Ministros y luego a las Cortes, salió adelante en el seno de un consejo completamente dividido, ya que recibió el respaldo de siete comunidades -las gobernadas por el PSOE (salvo la Comunidad Valenciana, que se abstuvo) y Cantabria- y el rechazo de otras seis (las del PP, entre ellas Galicia, y Canarias).
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, votó en contra de la decisión de elevar el déficit porque lo considera una decisión «errónea», al igual que lo hicieron Madrid, Castilla y León, Murcia y La Rioja, además de Canarias, gobernada por Coalición Canaria.
A la reunión de ayer, que presidió por primera vez la ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero, no acudió ningún representante de la Generalitat de Cataluña, que reclama negociaciones bilaterales, algo que Montero rechazó de plano, asegurando que no dialogará sobre financiación autonómica fuera de este foro.
La nueva senda fijada retrasa el equilibrio presupuestario al 2021, ya que el próximo año las comunidades pasarán a un déficit máximo del 0,3 % del PIB, en lugar del 0,1 % estimado inicialmente, lo que se traducirá «en 2.400 o 2.500 millones más, según evolucione el PIB, para destinar a sus propias competencias», destacó la ministra en rueda de prensa. Para el 2020 el déficit autonómico se fija en el 0,1 % y no en cero, retrasándose el equilibrio al ejercicio siguiente.
El conselleiro de Facenda calificó de «medida equivocada» esta flexibilización presupuestaria, argumentando que lo que realmente necesitan las comunidades son «más recursos de naturaleza ordinaria, para nada más deuda». Además, recordó que Galicia camina por la senda de la «seriedad, del compromiso» y se encuentra en situación de «consolidación técnica». Y es que la comunidad cerró el 2017 con un déficit del 0,2 %, y en este ejercicio se sigue reduciendo, por lo que para la Xunta carece de sentido que el objetivo del próximo año se eleve al 0,3 %, algo que, sin embargo, sí beneficia a las comunidades que aún no han conseguido cuadrar las cuentas.
La ministra de Hacienda, por su parte, defendió el resultado de la reunión del Ejecutivo con Bruselas que permitió relajar la senda de ajuste sin comprometer el Estado del bienestar con un ajuste excesivamente severo (11.000 millones de euros). Y es que, subrayó, a la vista de los actuales Presupuestos Generales del Estado, había consenso en que los objetivos de déficit para este año, del 2,2 %, eran «irreales y no se podrían cumplir». De ahí su satisfacción por lograr que Europa accediese a elevar medio punto, al 1,8 % en lugar del 1,3 % del PIB, el límite para el 2019.
La negativa, un ataque al PSOE
«Creo que no se entendería, por parte de los ciudadanos, que fuésemos más austeros de lo que nos permite Europa. Oponerse a ello no sería explicable, ni tendría ningún objeto más que combatir la legitimidad del Gobierno que ocupa la Moncloa», aseveró Montero, en alusión directa a la negativa de las comunidades del PP de respaldar el mayor margen presupuestario, que ve como un ataque al Ejecutivo de Sánchez a costa del bienestar de la ciudadanía.
La ministra recordó igualmente que el nuevo objetivo, al que hoy dará luz verde el Consejo de Ministros, tendrá que ser aprobado por el Congreso y el Senado, y que si no se logra el apoyo en las Cortes «se volvería a la senda anterior».
Montero insistió en la «sensibilidad» del Ejecutivo a la hora de repartir las cinco décimas adicionales que concede Bruselas, destacando que dos de ellas irán a las comunidades, otras dos a la Seguridad Social y solo una a la Administración General del Estado, que es la que mayor esfuerzo de ajuste hará.
Feijoo dice que el impuesto de sucesiones no se toca
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, aseguró ayer, en la rueda de prensa posterior al Consello, que Galicia no tiene ninguna intención de tocar las rebajas del impuesto de sucesiones que ha llevado a cabo durante los últimos años «con moito esforzo». Preguntado por la supuesta intención del Gobierno central de homogeneizar tributos, lo que podría traducirse en una hipotética anulación del recorte aplicado por el Ejecutivo gallego al impuesto que grava las herencias, se mostró totalmente en contra de una medida de esas características y defendió a capa y espada la autonomía de una comunidad que ha sido «cumplidora con el gasto y el déficit». El presidente enmarcó esa iniciativa fiscal -98.000 gallegos no han pagado impuestos por recibir una herencia- en la promesa de su Gobierno de avanzar en esa línea de rebajar la presión impositiva cuando pasase «a tormenta», en referencia a la crisis.
Feijoo argumentó que esa independencia fiscal no puede ser «invadida» por decisiones del Estado. Añadió que las comunidades que cumplieron los objetivos de estabilidad presupuestaria «tienen que tener autonomía fiscal» y «el derecho» de mantener las rebajas fiscales que han aprobado.
Cabe recordar que el de sucesiones y donaciones es un impuesto estatal cedido, es decir, se regula a través de una ley igual para todo el Estado, pero son las comunidades las que lo gestionan y recaudan. De hecho, las autonomías tienen capacidad normativa para fijar la tarifa y aplicar deducciones y bonificaciones de la cuota, decidiendo así cuánto se paga. Con la actual ley en vigor, el Estado no puede obligar a las comunidades a cobrar un mínimo común por los impuestos cedidos (como es el caso de sucesiones o el de patrimonio). Precisamente hace un par de años se desató la polémica porque algunos territorios, como Andalucía, acusaban a Madrid de competencia fiscal desleal porque rebajó hasta su desaparición práctica algunos tributos, y reclamaban una «armonización fiscal», que pasaría porque el Estado impusiera una tarifa mínima, que ahora no existe.