La Xunta pacta con Competencia un plan para abaratar los carburantes en Galicia

El reto es concienciar a los ayuntamientos para que no paralicen la apertura de gasolineras

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Redacción / La Voz

Aumentar el nivel de competencia entre los distribuidores para que los gallegos dejen de pagar los carburantes más caros de España. Es el objetivo del protocolo de actuación que han pactado la Xunta (a través de la Consellería de Economía, Emprego e Industria) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo texto está cerrado y solo pendiente de la firma oficial, en un acto que se celebrará en los próximos días.

Según ha podido saber La Voz, entre las iniciativas que se recogen en ese plan conjunto se incluye una guía de buenas prácticas para velar por la apertura de nuevas estaciones de servicio. Y es que uno de los problemas que han detectado en la Administración autonómica es que los ayuntamientos están utilizando sus competencias en materia de urbanismo para bloquear la apertura de gasolineras, dado el rechazo que estas instalaciones suelen generar entre la población. Aunque en este campo tienen poco margen de maniobra, más allá de intentar convencer a los alcaldes de que los beneficios en términos de competencia superan los costes políticos que puede conllevar la autorización de estos proyectos, desde Industria sí se comprometen con la CNMC a buscar fórmulas para agilizar la tramitación de las nuevas estaciones de servicio en aquellos pasos del proceso que dependan de ellos.

De las 720 gasolineras gallegas, una de cada cuatro ya son independientes De hecho, recuerdan desde la Xunta, la simplificación de la burocracia para abrir gasolineras ha permitido incrementar el número de estaciones independientes en la comunidad en los últimos años. Uno de los puntos claves es la posibilidad de tramitar las solicitudes de apertura a través de una ventanilla única, puesta en marcha en el 2015.

Solo en los cinco primeros meses de este año se han inscrito ocho nuevas instalaciones en Galicia, que se suman a las 15 del año pasado. Todas ellas son estaciones de servicio no abanderadas. De las 720 gasolineras que hay actualmente en la comunidad, 170 (casi una de cada cuatro) son independientes.

Controlar la cuota de mercado

La otra gran pata del acuerdo entre la Xunta y Competencia pasa por asegurarse de que ningún operador tiene una posición de dominio del mercado que le permita fijar precios. Actualmente, no se puede superar una cuota del 30 % en cada provincia, de forma que, si uno de los grandes operadores ya supera esa cifra con sus estaciones abanderadas, no puede firmar contratos de suministro en exclusiva con otras gasolineras independientes. Para que se respeten esos límites, la Xunta y Competencia han pactado reforzar los controles utilizando los medios de ambos organismos oficiales. No solo se vigilará la cuota de mercado de las grandes petroleras, sino también el cumplimiento de otras condiciones establecidas por ley para el suministro en exclusiva a estaciones independientes, como la limitación de los contratos a un año.

Además de los controles propios del negocio de los carburantes, el protocolo recoge que la CNMC y la Comisión Galega da Competencia se mantendrán vigilantes ante las prácticas empresariales, para evitar incumplimientos de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe prácticas como la concertación de precios, que en los últimos años ha dado lugar a multas millonarias a las grandes petroleras, que luego fueron discutidas en los tribunales.

El último de los objetivos es concienciar a los consumidores, para lo cual se desarrollarán acciones informativas para mejorar el conocimiento general sobre el funcionamiento del mercado y resolver las dudas que puedan tener sobre la calidad del carburante que se distribuye en Galicia, una cuestión que siempre se pone encima de la mesa cuando se habla de gasolineras independientes, no abanderadas por las grandes petroleras.

La Unión Europea ve «erróneo» crucificar a todos los diésel

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El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía -y exministro popular de Medio Ambiente-, Miguel Arias Cañete, echó un jarro de agua fría al Gobierno en su propuesta para penalizar el uso de gasoil con más impuestos que igualen su precio al de la gasolina, al indicar que es «erróneo» hablar del gasoil «en general», ya que hay vehículos que utilizan este producto que pueden ser limpios y otros que «no lo son tanto».

Con estas palabras, el representante energético de la UE se desvinculó de los argumentos que señalan a Bruselas como primer incentivador del golpe fiscal al diésel, al recordar que la Comisión Europea «no induce a primar ninguna tecnología» en concreto, aunque sí reconoció que el Gobierno comunitario establece unos límites para alcanzar los objetivos de descarbonización.

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