Se acabaron las amnistías fiscales

Sánchez abre la mano con el déficit autonómico y las comunidades tendrán 2.500 millones más


madrid / la voz

Mes y medio después de llegar a la Moncloa, la primera comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso, para informar sobre su plan de gobierno, se convirtió en un baño de realidad para el nuevo presidente del Ejecutivo. Y es que si cuando ocupaba la bancada de la oposición reclamaba insistentemente que el Gobierno de Rajoy publicara el listado de quienes se acogieron a la amnistía fiscal del 2012, este martes se vio obligado a admitir que, pese a lo prometido en el pasado, él tampoco podría hacerlo. Eso sí, trató de compensarlo anunciando que prohibirá por ley futuros indultos fiscales a defraudadores.

Sánchez recordó en el hemiciclo que fue el PSOE el que llevó al Tribunal Constitucional la polémica medida de Montoro por la que el ministro llegó a tener que pedir disculpas en el Congreso. «Nos reafirmamos en nuestra convicción de que la amnistía fue un fracaso moral y también recaudatorio [se esperaba ingresar 2.500 millones de euros y no se llegó ni a la mitad]», dijo, para añadir que el Constitucional declaró nulo el proceso, pero también se pronunció sobre su irretroactividad.

«Así que, desgraciadamente, no es posible revisar los casos que se acogieron. Y esa imposibilidad afecta a la publicación de los nombres de quienes hicieron uso de ella. Por tanto, desafortunadamente, no podemos modificar un pasado ya sentenciado. ¡Ya me gustaría, créanme!», admitió el presidente, para añadir que lo que sí puede hacer es evitar que se produzcan nuevas amnistías en el futuro. «Por ello ya les anuncio que el Gobierno presentará un anteproyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios de esa morosidad, actualizar el listado de paraísos fiscales y prohibir futuras leyes de amnistía. Que nunca vuelva a haber una amnistía fiscal en nuestro país».

La oposición exige que cumpla

El anuncio, sin embargo, no satisfizo en absoluto a la oposición que le aupó al Gobierno ni tampoco a Ciudadanos, que insistieron en que debía cumplir su compromiso. De hecho, Podemos condicionó su apoyo a la «valentía» del presidente para materializar sus promesas, mientras que la formación naranja -su líder, Albert Rivera, aventuró en el pleno que si no la hace pública es porque en ella puede haber «socialistas o amigos del PSOE»- incluso registró un escrito reclamando el informe de la Abogacía del Estado, de fecha 13 de julio, con el que Sánchez defendió la inconstitucionalidad de hacer públicos los nombres.

«Ni idea»

El presidente aseguró en el turno de réplica que no tiene «ni idea» de quiénes se acogieron a la amnistía, pero insistió en que lo que no hará será «prevaricar», es decir, publicar la lista sabiendo de su ilegalidad.

Pero el final de los indultos fiscales no fue el único anuncio que realizó Sánchez durante su comparecencia. Los planes económicos y tributarios del Ejecutivo fueron los principales protagonistas de la sesión, aunque con pocas novedades respecto a lo ya avanzado por los ministros en las comparecencias de estos días. Así, por ejemplo, Sánchez avanzó que mañana se celebrará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para acordar con las comunidades autónomas el nuevo objetivo de déficit autonómico, que al pasar del 0,1 al 0,3 % del PIB les dará 2.500 millones de euros extras para el próximo ejercicio, que estará trufado de citas electorales.

Pensiones: la vuelta al IPC

La sostenibilidad (y la suficiencia) del sistema público de pensiones es otro de los asuntos que más preocupan. La pretensión del Gobierno socialista es alcanzar un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo, que está trabajando en las recomendaciones que elevará el Ejecutivo, para que la revalorización anual de las prestaciones vuelva a vincularse al IPC, como lo estaba antes de la reforma unilateral del PP del 2013.

En lo que respecta a cómo incrementar la recaudación para hacer frente a una política social con más gasto, Sánchez volvió a referirse al impuesto finalista a la banca para sufragar el sistema de pensiones, así como a la imposición de un tipo mínimo del 15 % a las grandes empresas en el tributo de sociedades, que grava sus beneficios.

También anunció la creación de un estatuto del becario, así como un plan de choque para frenar el paro juvenil o aumentar de tres a cinco años la duración de los contratos de alquiler de viviendas, fijando, además, un límite para las fianzas que ha de depositar el arrendatario.

Los técnicos de Hacienda estiman que las subidas fiscales recaudarán 9.700 millones

Las nuevas medidas tributarias que diseña Hacienda reportarían unos ingresos extras de casi 10.000 millones al Estado. Concretamente, 9.700 millones, según los cálculos realizados por la organización de los técnicos de Hacienda (Gestha), que ayer apuntaba en un comunicado que esa cifra podría elevarse aún más -hasta rebasar los 14.000 millones- si se incluyen los 2.500 millones que se recaudarían con las medidas de ahorro, eficiencia y calidad del gasto público, y los 1.900 que resultarían de elevar el IRPF a las grandes fortunas.

De los 9.700 millones totales que «como mínimo» reportarían las medidas anunciadas, 4.000 provendrían del tipo mínimo del 15 % que se fijará a las grandes empresas en el impuesto de sociedades. Otros 2.000 corresponderían al impuesto a las transacciones financieras internacionales, 1.500 más a las medidas de lucha contra el fraude y otros 1.000 al impuesto a la banca. Completan la estimación recaudatoria 1.200 millones más, de los que la mitad vendrían del impuesto temporal a determinados servicios digitales y la otra mitad de la nueva fiscalidad medioambiental.

Gestha cree que «hay margen» para estas subidas, ya que la brecha de presión fiscal española con respecto a la UE se sitúa anualmente en los 61.798 millones y asciende a los 75.822 respecto a la eurozona.

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