Un juzgado de Gijón juzgará en octubre la primera demanda colectiva que se presenta por la obligación de contratar un seguro vinculado al préstamo como requisisto exigido
03 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Primero fueron las cláusulas suelo, luego los gastos de constitución de las hipotecas y ahora son los seguros asociados a ellas. A la banca se le abre un nuevo frente judicial, ya que un juzgado de Gijón ha admitido a trámite -y juzgará en octubre- la primera demanda colectiva que se presenta por la obligación de contratar un seguro vinculado al préstamo hipotecario como requisito exigido por la entidad financiera para concederlo. El Colegio de Mediadores de Seguros del Principado de Asturias, representado por el despacho Espacio Legal, ha presentado la demanda contra el Sabadell y el Popular por considerar abusiva tal práctica. Argumentan el abuso en que, por un lado, la prima única financiada -es decir, el pago completo por anticipado- «es más alta que la que podría haberse conseguido en otra aseguradora no vinculada a las entidades financieras», y, por otro, aumenta el importe del préstamo, lo que se traduce en un incremento de la base liquidable del impuesto de actos jurídicos documentados. Añaden que, además, «al financiarse como parte del préstamo, los intereses se abonan durante toda la vida útil de la hipoteca».
Los demandantes reclaman que se declare la nulidad de la condición general de contratación y se devuelvan las cantidades de más cobradas a los clientes, además de indemnizarlos por daños y perjuicios.
«Las condiciones generales de contratación que exigen las entidades son abusivas: se impone a los prestatarios que contraten un seguro de vida y/o amortización a prima única financiada, con una entidad aseguradora que ellas mismas eligen y con las que están vinculadas societaria o comercialmente», explica Marcelino Tamargo, director de Espacio Legal, que añade que en las hipotecas que ambas entidades comercializan «aparecen cláusulas predispuestas y no negociadas» para contratar con Eurovida en el caso del Popular y con Sabadell Seguros Generales en el del Sabadell. Al cliente no solo se le impone el seguro con una compañía, sino que se le impide comparar los precios y coberturas ofrecidos por otras, «una clara vulneración de los derechos e intereses de los consumidores».