Juzgados gallegos resuelven 200 casos de cláusula suelo al mes, y faltan 6.900

Centralizar en juzgados especializados las demandas de los ciudadanos víctimas de abusos bancarios, tales como las cláusulas suelo, los gastos de formalización de hipoteca o los intereses moratorios de usura, no ha dado el resultado esperado. El sistema se puso en marcha hace un año, pero no ha cumplido el objetivo de resolver los casos con celeridad y evitar el colapso, ya que, según confirman los últimos datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde junio del 2017 hasta el pasado marzo los juzgados especializados han recibido 208.651 casos en España y apenas han resuelto 29.849, es decir un 14,3 %. Y la tónica se repite en Galicia, donde en el período se han registrado 8.247 demandas de las que únicamente se han resuelto 1.341, el 16,3 %.

La estadística oficial muestra que los juzgados de primera instancia que se encargan de las cláusulas suelo en la comunidad -uno por provincia-, dictan una media de 200 sentencias al mes (609 en el primer trimestre de este año y 589 en el segundo), por lo que para resolver los 6.900 casos que aún se acumulan serían precisos prácticamente tres años más. Es decir, que los clientes que han recurrido a los tribunales para reclamar que el banco les devuelva el dinero que indebidamente les cobró en su hipoteca tendrán que seguir esperando hasta mediados del 2021, si se mantiene el ritmo actual de resolución y no entraran nuevas demandas. 

El 97,6 %, favorable al cliente

Quizá haga más llevadero lo dilatado del procedimiento que, como destaca el CGPJ, el 97,6 % de las 22.899 sentencias dictadas en este período en España ha sido favorable al cliente.

El Consello da Avogacía Galega ya rechazó en su momento la creación de juzgados especializados para los litigios hipotecarios. El órgano, que aglutina a los colegios de abogados de la comunidad, cargó contra la decisión del CGPJ por considerarla «inxusta e antisocial». Alertó de que sobrecargaría a los cuatro juzgados escogidos, ya de antemano colapsados, además de beneficiar a la banca en detrimento de los ciudadanos, especialmente de aquellos que no residen en las cuatro capitales elegidas.

Un año después, las peores advertencias se han cumplido. Aunque el Poder Judicial subraya que el número de asuntos resueltos por los órganos especializados se incrementó un 60,5 % en el primer trimestre de este año respecto al último del pasado, al tiempo que se ha ralentizado el ingreso de nuevas causas, en Galicia la situación fue especial: los nuevos casos se desplomaron un 50 % y los resueltos cayeron algo más del 3 %. ¿Por qué?

El impacto de la huelga

El factor principal que lo explica es el impacto de la huelga de los funcionarios de Justicia, que paralizó la administración judicial desde mediados de febrero a principios de mayo. De hecho, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aún se notará más en las cifras del segundo trimestre, ya que de enero a marzo los casos presentados en los juzgados cayeron más del 50 % (de 3.330 a 1.547) porque eran los funcionarios los que pararon, y no los jueces. Estos siguieron resolviendo los asuntos que no estaban paralizados.

Prórroga a juzgados especiales

En cualquier caso, el colapso es evidente. Tanto, que el miércoles la comisión permanente del CGPJ acordó prorrogar seis meses, hasta el 31 de diciembre, el plan de urgencia por el que había decidido implantar un juzgado especial en cada provincia encargado en exclusiva de los abusos hipotecarios.

«La bolsa de asuntos pendientes -178.802 a 31 de marzo- hace conveniente el mantenimiento de las medidas acordadas», explicó el Poder Judicial, destacando que «la especialización de Juzgados a nivel provincial está teniendo como consecuencia la unificación de los criterios de decisión y la predecibilidad de la respuesta judicial».

El mecanismo extrajudicial tampoco cuaja: la banca rechaza el 60 % del más de millón de demandas recibidas

El Consejo General del Poder Judicial destaca que la puesta en marcha de los juzgados especializados tiene un impacto disuasorio en la litigiosidad de la banca, ya que el hecho de que el 97,6 % de las sentencias que se han dictado hasta la fecha han sido favorables al cliente, fomenta los acuerdos extrajudiciales entre las entidades financieras y los consumidores.

Sin embargo, no parece que la banca esté dispuesta a devolver los importes que sus clientes les reclaman sin pelear, lo que ha deslucido el éxito al que aspiraba el mecanismo extrajudicial que el Gobierno creó en enero del pasado año con el objetivo de resolver fuera de los tribunales el conflicto de las cláusulas suelo.

Los últimos datos disponibles, correspondientes a la tercera reunión de la comisión de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas para la protección de los consumidores en esta materia, muestran que hasta el cierre de marzo se recibieron un total de 1,13 millones de reclamaciones, de las que no prosperaron un 60 %.

En concreto, las entidades desestimaron 222.896 reclamaciones (casi el 20 %) y no admitieron otras 386.024 (el 34 %). A estas hay que sumar otras 10.826 reclamaciones de las que los clientes desistieron (el 0,95% del total) y 14.313 más (el 1,25%) que aún están pendientes de analizar.

Del total de demandas presentadas, 502.564 (44,21 %) fueron estimadas por la banca, pero solo se alcanzó un acuerdo entre la entidad y el cliente en 463.236 ocasiones, lo que rebaja al 40,75% el porcentaje de casos en el que se enterró el hacha de guerra.

De este modo, la elevada tasa en la que no hay acuerdo hace que el asunto llegue a los tribunales, acentuando el colapso.

«Faltan medios. La Justicia siempre es la hermana pobre de la Administración», resume el abogado Carlos Tomé, socio del despacho Caruncho, Tomé y Judel, que se hace eco del sentir general de la profesión, mostrándose muy crítico con la «decisión precipitada» del CGPJ para dar respuesta a este problema.