El fraude, una mancha que alcanza el 23 % del PIB gallego

Es uno de los territorios con mayor economía sumergida por el peso de los servicios y de las microempresas


redacción / la voz

La lista de morosos que justo al empezar cada verano destapa el Ministerio de Hacienda es solo una parte de esa bolsa de fraude al fisco y de economía en b que se mueve en España. Y que tiene un considerable impacto en Galicia. En un reciente informe de Funcas -la fundación de las antiguas cajas de ahorros-, se sitúa a Galicia como uno de los territorios con mayor prevalencia de la economía sumergida, de tal forma que llegaría a suponer el 23,9 % del PIB. Se pone el verbo en condicional -llegaría- porque los propios autores admiten los enormes problemas que hay para llegar a concluir una cifra. Ese 23,9 %, medido sobre el PIB del 2012, supondría que en la comunidad se mueven unos 12.000 millones de euros en negro cada año. Algunos estudios rebajan ese impacto al 22 %, y otros lo elevan al 25 %. En todo caso, está en el grupo de cabeza.

Y además de la dificultad de dar con un dato preciso, los profesores que lo han estudiado, los economistas David Cantarero e Ignacio Zubiri, creen que hay varias causas, que van desde la propia educación y moral de los contribuyentes, hasta la presión fiscal, el paro, o el efecto contagio de las comunidades cercanas: si hay más empleo cerca, habrá menos dinero negro.

Lo cierto es que en el caso de Galicia, según ese mismo documento, hay dos características que pueden ayudar a entender mejor el peso del fraude. Por un lado, la enorme cantidad de microempresas y de autónomos, frente a los asalariados, «que encuentran más dificultades a la hora de evitar el pago de impuestos», dicen los autores. También la fuerte presencia de hostelería y el turismo, con más pagos en efectivo, y, por tanto, menos control.

Las deudas con el fisco se cronifican: 15.300 millones sin cobrar

j. m. c.

La exposición pública que supone la actualización del listado de deudores con Hacienda -un documento que puede ser visualizado por cualquier ciudadano, y en el que aparecen los nombres, identificaciones fiscales y cuantías de los morosos-, no es un plato de buen gusto. De eso se trataba cuando el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso en marcha la medida. Y aunque hay signos de que muchos contribuyentes han accedido a pagar, el problema del fisco es que aún le queda mucho por cobrar. Con la lista actualizada a 31 de diciembre del año pasado, Hacienda aún no ha recibido 15.300 millones de euros de los contribuyentes -personas físicas y empresas- cuyos compromisos son superiores al millón de euros. Esta cuantía apenas ha descendido un 2 % en los cuatro últimos años. A este ritmo, Hacienda necesitaría muchos años para poder liquidar estas deudas. Lo tendrá muy difícil porque gran parte de las facturas pendientes de cobro proceden de compañías que se encuentran en procesos de concurso de acreedores, liquidación, o que, directamente, ya han cerrado sin asumir ninguna responsabilidad frente al erario. Ejemplo de esta circunstancia son las empresas ligadas al sector inmobiliario y de la construcción, que han sufrido los envites de una crisis de la que nunca se recuperaron ni parece que así vaya a suceder.

Más de 6.800 millones (el 44 % del total) es deuda de procesos concursales (más de 1.600 contribuyentes) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que «las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas», apuntan fuentes tributarias.

En cualquier caso, lo que sí ha logrado la Agencia Tributaria es que poco a poco vaya reduciéndose el número de contribuyentes en situación de impago millonario. En cuatro años, han pasado de 4.510 perfiles a menos de 4.000. Unos 1.500 deudores que figuraban en el primer listado y que ya no aparecen en el cuarto. Esto es, que más del 30 % de los que aparecían en el primer ránking, ya no se encuentran entre los mayores morosos. Hace ahora un año, ese porcentaje de deudores que habían abandonado las listas se situaba en el 20% con respecto al primer ejercicio en el que se publicaron estos datos. Y 1.821 que aparecían en el listado de 2015 ya han pagado 510 millones.

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