Los bienes destapados por el Catastro en Galicia hacen subir 173 millones el IBI

Más del 40 % del fraude detectado son nuevas construcciones: 150.000 inmuebles

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santiago / la voz

Los más de 370.000 bienes ocultos que el Catastro ha destapado en Galicia desde que inició en el 2013 el plan de regularización han hecho subir la cuota íntegra del IBI en 173 millones de euros, según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda. De esa cantidad, 81,3 millones se correspondería con la provincia de A Coruña; 37,7, con la de Lugo; 26,3 con la de Ourense y, por último, 29,3 con la de Pontevedra.

Un dinero que, repartido entre los municipios afectados, mejora de forma considerable los ingresos de los ayuntamientos gallegos. Si se divide entre el total de municipios, saldría que, de media, cada una de las corporaciones tendrían ahora medio millón más de euros por IBI. El incremento del recibo de este impuesto ha sido una constante fuente de malestar ciudadano por el llamado catastrazo. Pero la subida del recibo no se explica solo por el plan de regularización sino porque, a petición de los propios ayuntamientos, se han hecho revisiones de los valores catastrales, que en muchos casos llevaban décadas desactualizados.

Cuando los ingresos de los municipios se desplomaron en plena crisis por la contracción de la actividad económica, muchos ayuntamientos se vieron obligados a abandonar la inhibición fiscal que mantuvieron durante años por motivos estrictamente electorales. Ineludiblemente, tocaba sanear las arcas. Y ahí se tiró de ese impuesto.

Los datos que maneja el Catastro sobre los bienes ocultos aflorados por el plan de regularización revelan que, de los 370.850 destapados en Galicia, más del 40 % eran nuevas construcciones, el 42 % ampliaciones o rehabilitaciones, el 15 % reformas o cambios de uso y, finalmente, el 2 % eran piscinas que no tributaban. Esto significa que desde que arrancó este plan en el 2013, el Catastro ha destapado en Galicia casi 7.500 piscinas que no constaban a efectos fiscales y que eludían la tributación del impuesto de bienes inmuebles.

Cuando Hacienda detecta algún tipo de bien no registrado, la agencia regional del Catastro envía una carta al contribuyente para notificárselo. El ciudadano tiene 15 días para presentar un escrito de alegación y justificar la disconformidad. Los asesores recomiendan adjuntar fotos que permitan demostrar el error en la valoración por parte de Hacienda. El infractor de estas propiedades sin actualizar tiene que pagar una tasa de 60 euros y exponerse a los cargos que le puedan venir del ayuntamiento, administración responsable de recaudar los impuestos vinculados a los bienes inmuebles.

Para desempeñar la ardua tarea de hacer aflorar bienes ocultos municipio a municipio, el Catastro cuenta con un cuerpo formado por más de 2.300 trabajadores, que han desempeñado su labor con fotos aéreas (con drones, satélite y Google Maps) y con visitas al terreno. La información se contrasta luego con la que tiene el ayuntamiento.

En casos como instalaciones hinchables, pérgolas o barbacoas, las imágenes aéreas tomadas pueden haberse equivocado al considerar estos elementos como una construcción fija e irregular a efectos fiscales (que no urbanísticos).

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