Hacienda se da otros seis meses más para aflorar bienes ocultos al Catastro

En solo año y medio, ha destapado en Galicia 158.629 construcciones no declaradas


Santiago / la voz

Hacienda empezó a peinar la Península a finales del 2013 para descubrir construcciones ocultas, es decir, aquellas no declaradas al fisco, cuyos propietarios eludían sus obligaciones tributarias en el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Garajes, buhardillas, naves, establos, ampliaciones, rehabilitaciones, piscinas y hasta casas completamente nuevas. El plan de regularización en los ayuntamientos, concebido para luchar contra la economía sumergida, estaba previsto que concluyese en el 2016. Pero hubo que prorrogarlo varias veces, hasta este mes de julio. El plazo expiraba el próximo día 1. Sin embargo, Hacienda ha decidido ampliarlo otros seis meses más, hasta diciembre. La minuciosidad y complejidad de los trabajos de supervisión, en los que se utilizan imágenes de satélite y drones, unida a la dispersión geográfica de la comunidad gallega, con miles de casas esparcidas por todos los rincones de cada ayuntamiento, han hecho imposible que se cumpliera el calendario.

Las dificultades no solo se explican por la dispersión poblacional y el número de ayuntamientos sino porque el volumen de construcciones no declaradas es mucho mayor al que se preveía inicialmente. La cultura del ir haciendo, a ver si cuela, queda reflejada en unas cifras de bienes aflorados que hablan por sí solas y que demuestran que existía un gigantesco pozo para eludir el pago de impuestos. La prevalencia del fraude fiscal y su peso en el PIB es en España mucho mayor que en otros países de su entorno.

Desde que se inició el plan de regularización, hace ahora casi cinco años, en Galicia se han destapado 370.850 bienes ocultos, es decir, que no pagaban impuestos. La casuística del fraude es variada: la gran mayoría son nuevas construcciones, pero hay también reformas y cambios de uso, ampliaciones y rehabilitaciones y, por último, piscinas. Este es el último dato que Hacienda tiene actualizado, a diciembre del 2017. Si se compara con la cifra del verano del 2016, se ve cómo en la comunidad gallega, en apenas año y medio, se han destapado casi 160.000 construcciones que no estaban declaradas y que, por tanto, eran invisibles a efectos fiscales. Esto no quiere decir que estos bienes sean ilegales, porque a efectos urbanísticos pueden tener toda la documentación en regla. Pero los desconoce el Catastro. Y eso sí influye directamente en un recibo clave, el del IBI, porque se pasa a pagar más al aflorar nuevos bienes; y se tienen que pagar 60 euros por bien descubierto, a modo de tasa para costear este proceso extraordinario.

En Galicia, estaba previsto que el plan de regularización concluyese este 1 de julio en 79 municipios: 25 de A Coruña, 24 de Ourense, 19 de Pontevedra y 11 de Lugo. La Dirección General del Catastro, adscrita al Ministerio de Hacienda, publicará los próximos días en el Boletín Oficial del Estado la resolución de la prórroga y especificará cuáles son los ayuntamientos gallegos -y del resto de la Península- en los que el plazo concluirá a finales del año.

Los concellos que según las previsiones de Hacienda ahora modificadas iban a estar regularizados a 1 de julio eran los de A Coruña, Arzúa, Boiro, A Capela, Curtis, Dodro, Fisterra, Mazaricos, Miño, Moeche, Monfero, Muxía, Oleiros, Porto do Son, San Sadurniño, Santiso, Toques y Touro. Faltaban también 24 ourensanos, entre los que destacan Baltar, Bande, Beariz, Os Blancos, Boborás, Carballeda, Entrimo, Laza, Leiro, Lobios, Maside, Vilamarín o Vilamartín de Valdeorras. Había otros 19 más en Pontevedra, con la capital provincial entre ellos, y Cambados, A Estrada, Forcarei, Gondomar, A Lama, Meaño, Oia, O Porriño, Salvaterra, Sanxenxo, Tui, Valga o Vilagarcía. La lista de los pendientes se cerraba con once en Lugo: Burela, Castroverde, O Incio, Monforte, Ourol, Palas de Rei, Pedrafita, Portomarín, Ribas de Sil, Riotorto y Taboada.

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