Pensionistas gallegos recibirán en julio 55 millones extra por la subida al 1,6 %
ECONOMÍA
El Gobierno defiende un impuesto a la banca para pagar el incremento, y el sector alerta de que encarecerá el crédito
19 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Los 672.000 pensionistas gallegos recibirán en julio dos noticias relevantes. Una, esperada, la paga extra de cada verano. Otra, quizá menos contada, la actualización de sus prestaciones conforme a la subida que pactaron el Gobierno del PP y el PNV, y que se incluye en los Presupuestos del 2018, que están en fase final de tramitación en el Senado. Esa subida supone un incremento del 1,6 %, frente al 0,25 % que se aplicó en enero, y supondrá que la Seguridad Social tendrá que desembolsar a lo largo del mes de julio unos 55,8 millones de euros para compensar a los pensionistas gallegos con efecto retroactivo, por lo que no se subió de enero a junio. La intención de Hacienda es ejecutar esos retrasos en un solo pago; de media, entre 80 y 90 euros.
A partir de julio, si las previsiones que maneja la Seguridad Social se cumplen, ya se aplicará a todas las prestaciones (760.000 en la comunidad, para esos 672.000 perceptores) esa subida del 1,6 %.
Lo cierto es que el gasto del Estado en jubilados, viudos, huérfanos... sigue creciendo. Hasta mayo -último dato disponible- la nómina alcanzaba los 3.000 millones de euros en Galicia, una cifra récord para solo cinco meses. Es un 2,5 % más que en el mismo período del año anterior.
Ahora bien, ¿cómo se van a lograr los ingresos para poder pagar esta subida y las siguientes, teniendo en cuenta que el Estado tiene que volver a tirar de crédito para pagar la extra de verano? El sistema público de pensiones en España tiene un «problema de ingresos», admitió ayer en Santander la ministra de Industria, Reyes Maroto. «Ignorarlo nos plantea seguir recurriendo a deuda para financiar las prestaciones», señaló durante su intervención en la apertura del seminario La economía ante el blockchain. Lo que está por venir, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
La ministra reivindicó que hay que dar respuesta a esta «urgencia que tiene el país» respecto a la sostenibilidad futura de las pensiones en el seno del Pacto de Toledo, «ya sea a través de un impuesto a la banca [que es la propuesta que el PSOE defiende], a las tecnológicas [como Montoro se sacó de la chistera para financiar la subida del 1,6 % incluida en los Presupuestos Generales del Estado] o a los vehículos que contaminan».
Sin embargo, aunque coincidió con Maroto en la necesidad de abordar el problema de la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres, discrepó abiertamente de la idea del Gobierno de crear un impuesto a la banca para enjugar -aunque sea parcialmente- el déficit crónico de la Seguridad Social. «Ese impuesto genera una distorsión y encarecerá el crédito», señaló Torres, insistiendo en que así lo había demostrado la experiencia cuando gravámenes de ese tipo se han implantado en otros países. Por ello reclamó que no se hagan «muchos experimentos» ni se perjudique «a un sector concreto». El consejero delegado calificó de «errónea» la adopción de dicha medida, asegurando además que «no tiene ningún sentido» relacionar la creación de tal impuesto con el rescate de la banca en la crisis.
Maroto recordó que en el último Consejo de Ministros el Gobierno aprobó un crédito para pagar la extra de las pensiones ante la insuficiencia de las cotizaciones sociales y del Fondo de Reserva, del que los socialistas no han querido hacer uso en esta ocasión. «El déficit de la Seguridad Social es importante», apuntó, subrayando que precisamente eso era lo que había que tener en cuenta a la hora de abordar la creación del citado impuesto a la banca. En cualquier caso, señaló, «es en el Pacto de Toldeo donde se tiene que debatir la sostenibilidad del modelo, porque si hoy ya tenemos problemas, lo que está por venir será aún peor».