El Pacto de Toledo vuelve al trabajo

La comisión retoma los trabajos tras el cambio de Gobierno y el desbloqueo de la revalorización de las pensiones con el IPC


madrid / la voz

A las 11 de la mañana de hoy volverá a reunirse en el Congreso la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo. Será su primera jornada de trabajo después de la moción de censura que desalojó al PP del Gobierno y lo puso en manos de Pedro Sánchez, y la primera también en la que los grupos podrán demostrar lo que pronosticó la exministra de Empleo, Fátima Báñez, de que el acuerdo está «tan próximo» que llegará antes del verano.

El cambio en el Ejecutivo va a tener un impacto evidente en la dirección de las medidas que se están negociando en el Pacto de Toledo de cara a la sostenibilidad y suficiencia futuras de las prestaciones. No en vano la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, es una especialista en el tema y las pensiones centraron buena parte de su primera intervención pública, durante el acto oficial de traspaso de carteras, el jueves pasado. «Estoy convencida de que en España va a haber un gran pacto de pensiones. Yo lo voy a impulsar y lo voy a propiciar», se comprometió entonces, asegurando -aunque sin dar detalles- que «están las bases sentadas para lograr un gran acuerdo».

De hecho, unos días antes de la moción, en una jornada informativa organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), los portavoces de todos los grupos en el Pacto de Toledo ya corroboraron ese optimismo respecto a la consecución de un pacto, aunque discreparon sobre su inminencia. Desde el PSOE, Mercè Perea puso el acento sobre la vuelta al IPC como referencia al que indexar la revalorización anual de las prestaciones, algo a lo que el PP se negaba en principio, pero que incluyó de forma temporal (2018 y 2019) para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos en tramitación.

Vuelta al IPC

La nueva ministra defiende la vuelta al IPC (que en la reforma del 2013 se suprimió por un índice de revalorización vinculado al ciclo económico y cuya subida mínima, del 0,25 %, se ha aplicado desde entonces), al igual que una sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social que no olvide la «sostenibilidad social», es decir, que garantice prestaciones «suficientes» para sus perceptores.

Porque ese es otro de los aspectos sobre los que el Pacto de Toledo debe consensuar propuestas de futuro: cómo cerrar la brecha existente entre ingresos y gastos, acabando con el déficit crónico del sistema. La última reforma introdujo el factor de sostenibilidad, que calcula la prestación en función de la esperanza de vida, lo que en la práctica iba a rebajar paulatinamente las pensiones. Aunque debía entrar en vigor el próximo enero, el Gobierno de Rajoy también lo retrasó hasta el 2023 por exigencias del PNV, mientras que el Ejecutivo de Sánchez considera que introducir nuevos impuestos (a la banca y las transacciones financieras), la mejora de los sueldos y la creación de empleo serán suficientes para mejorar los ingresos.

Las dos medidas (volver al IPC y retrasar el factor de sostenibilidad), que de facto suponían aparcar la criticada reforma del 2013, daban tiempo extra al Pacto de Toledo para que los partidos acercaran posturas y consensuaran la renovación de las 23 recomendaciones para garantizar el futuro de las pensiones públicas, independientemente de quien gobierne. El pacto debe servir de base para un acuerdo del Gobierno con sindicatos y patronal, como el alcanzado en el 2011, que incluyó el retraso paulatino de la edad de jubilación.

La exministra Báñez aseguró hace unos días que el acuerdo podría llegar antes del verano

«Estoy convencida de que va a haber un gran pacto de pensiones», sostiene Magdalena Valerio

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