La vieja Pescanova sopesa ahora retomar la actividad pesquera

La sociedad de cartera y sin actividad desde hace tres años se enfrentará al grupo Nueva Pescanova en un juicio el día 20

Fernández de Sousa abandonando en 2013 el Consejo de administración de Pescanova tras presentar su dimisión
Fernández de Sousa abandonando en 2013 el Consejo de administración de Pescanova tras presentar su dimisión

vigo / la voz

El consejo de administración de Pescanova SA, es decir, lo que queda de la vieja empresa que fue a la quiebra, ha encontrado un proyecto para retomar la actividad productiva vinculado a la pesca, y prevé llevarlo a cabo si gana uno de los contenciosos judiciales que mantiene con Nueva Pescanova.

Fuentes de esta sociedad, cuyo accionista mayoritario sigue siendo el expresidente de la pesquera Manuel Fernández de Sousa (imputado en la Audiencia Nacional por nueve delitos que presuntamente hicieron quebrar la compañía), confirmaron ayer que el proyecto industrial sería desarrollado con un socio local de Andalucía.

Pescanova SA, cuyo principal activo es un porcentaje del 1,65 % de las acciones de Nueva Pescanova, reveló a través de un portavoz que durante el último año «se han registrado avances» en el objetivo marcado de retomar la actividad productiva, «aunque solo se harán realidad en el caso de que se asegure el resultado positivo de la demanda», aclaró.

La denuncia de la vieja Pescanova impugna la ampliación de capital aprobada y ejecutada en abril del 2017 por los nuevos dueños del grupo pesquero, una operación que diluyó su participación del 20 % que tenía inicialmente al 1,65 % actual. La demanda fue admitida por un juzgado de Pontevedra que ha fijado la celebración de la vista para este próximo día 20.

Nueva Pescanova no contempla la posibilidad de que el juicio se resuelva desfavorablemente, y sigue adelante con la aplicación del plan estratégico hasta el 2020, para el que ha sido vital acometer la ampliación.

Los gestores de Pescanova SA ya advirtieron a los accionistas del coste económico que supondría perder las acciones judiciales puestas en marcha e incluso reconocieron que podría correr el riesgo de tener que declararse «en estado de insolvencia».

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