El Popular, viacrucis judicial un año después

Está a punto de cumplirse un año de la muerte del Banco Popular, una entidad con casi un siglo de historia que resistió a la Gran Depresión, la Guerra Civil o la crisis de los setenta, pero que no pudo con la del ladrillo. La noche del 6 al 7 de junio, el que fue el banco más eficiente y rentable de Europa a principios de siglo XX, acabó liquidado por las autoridades europeas y adquirido por un euro por el Banco Santander, que tuvo que ejecutar una ampliación de capital de más de 7.000 millones para digerirlo y hacer una inyección extraordinaria de fondos para que pudiera seguir abierto.

Un año más tarde, el estupor de las decenas de miles de accionistas -muchos pequeños, pero también grandes- que vieron esfumarse su inversión en una noche han ido mutando en acciones judiciales para recuperar su dinero. Con muchas incógnitas sobre el abrupto final del banco y si dejarlo caer era la única alternativa, el siguiente capítulo se escribe en los tribunales.

La caída

El lastre del inmobiliario. El Popular no quiso ser el único en quedarse fuera del festín inmobiliario. Pero fue el último en llegar y se empachó con los peores activos. Además, el pinchazo de la burbuja les hizo un enorme socavón a sus cuentas. Su presidente, el gallego Ángel Ron, en lugar de admitir el error y resolverlo de raíz, entró en una espiral de ocultación y refinanciaciones con la que logró llegar al 2012, año en el que el banco adquirió a pulmón el Pastor, suspendió los test de estrés y quedó patente que tenía un problema. Sin embargo, rechazó el rescate con dinero público -usado en las cajas y que le habría permitido traspasar el ladrillo al banco malo- y optó por ir al mercado: hizo una ampliación por 2.500 millones con la que ganó tiempo. En el 2014 la supervisión pasó al Banco Central Europeo y en el 2016 Ron, ante la presión del mercado y con la acción cayendo, necesitó recurrir a una nueva ampliación. Otra vez 2.500 millones, y otra vez insuficientes. A finales de ese año se produjo un golpe interno en el consejo, liderado por el mexicano Antonio del Valle, que acabó con la sustitución de Ron por Emilio Saracho.

Últimos momentos

La gestión de Saracho. El nuevo presidente trató de salvar el banco sopesando dos opciones: una nueva ampliación o la venta. Pero en la subasta nadie ofreció un precio positivo y para la ampliación necesitaba revisar el valor de los activos, para ver la profundidad del agujero. No tuvo tiempo. El pánico se apoderó de la acción, y con la caída en la bolsa comenzó la huida de los depósitos. Esa, la crisis de liquidez, fue mortal: 20.000 millones se calcula que se fueron. Saracho se quedó sin fondos porque el Banco de España le negó la financiación de emergencia, lo que le obligó a declarar el banco inviable, antes incluso de lo que estaba previsto. En la noche del 6 al 7 de junio del 2017 la Junta Única de Resolución (JUR) buscó un comprador de urgencia: solo entró el Santander.

Frente judicial

300.000 inversores afectados.

La resolución del banco dejó reducida a cero la inversión de 300.000 accionistas y bonistas (unos 60.000 gallegos), muchos de los cuales han recurrido a los tribunales para tratar de recuperar su dinero. Las estrategias son diversas. Se han presentado 259 recursos contencioso-administrativos contra el FROB (ejecutor de la resolución de la JUR). La Audiencia Nacional los ha dejado en suspenso a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva los recursos presentados contra la decisión de la autoridad comunitaria. Si Luxemburgo declarara nula la resolución del banco, los afectados recuperarían su dinero. Pero no parece probable.

Las otras dos vías en marcha son la penal y la civil. En la primera, Fernando Andreu -el juez del caso Bankia- ha abierto dos piezas separadas: una sobre la presidencia de Ron y otra sobre la de Saracho. Ha pedido a peritos del Banco de España un informe que será decisivo para que la causa siga o no adelante.

El procedimiento civil es al que mayoritariamente están acudiendo los afectados, según confirman despachos gallegos especializados en derecho bancario, como Laterna, Pérez Lema o Caruncho, Tomé y Judel. Todos coinciden en que es la vía más clara para que los afectados recuperen su dinero. De hecho, ya están comenzando a producirse las primeras sentencias estimatorias para quienes acudieron a la ampliación del 2016, si bien son en primera instancia y, por tanto, recurribles.

La gestión del Santander

Macroampliación y compensaciones. Precisamente para evitar la judicialización, el Santander lanzó los denominados bonos de fidelización, por los que devolvía su inversión a los pequeños accionistas (hasta 100.000 euros) que acudieron a la ampliación del 2016, a cambio de que renunciaran a iniciar acciones legales. Y para sanear la entidad, el grupo de Ana Botín tuvo que hacer una macroampliación de capital de 7.000 millones, inédita en España, que consiguió garantizar la viabilidad del Popular en medio del terremoto.