De forma casi atropellada, el ministro de Energía en funciones, Álvaro Nadal, convocó en un período de dos años tres subastas que adjudicaron 8.000 megavatios renovables. Tendrán que estar en funcionamiento en enero del 2020, al menos en teoría, ya que no se descarta que sea precisa autorizar una prórroga porque es posible que no dé tiempo a construir tantas instalaciones en tan poco tiempo. Pero, de momento, las empresas trabajan a destajo para alcanzar ese horizonte del 2020. Las promotoras ganadoras de la subasta no obtendrán primas como antaño -se suprimieron como consecuencia de la reforma energética-, pero sí se les garantiza una especie de precio mínimo al que cobrarán la electricidad que produzcan. A cambio de estas ventajas, Nadal impuso otra condición, además de la temporal. Las empresas se juegan mucho dinero, pues tuvieron que depositar en una cuenta bancaria un fuerte aval económico con el que el ministerio quiso garantizarse que se cumplían los plazos y que el propósito de las adjudicatarias era serio. Así, las compañías pagaron una fianza de 60.000 euros por megavatio adjudicado. Los previstos en Galicia tienen pues detrás una garantía de 36 millones de euros. Las compañías irán recuperando el dinero poco a poco a medida que van cumpliendo una serie de hitos. Los primeros 12.000 euros se reintegraron en el momento en que las empresas identificaron, con nombre y apellidos, los proyectos concretos que iban a desarrollar. Los siguientes 18.000 volverán a la caja de las eólicas cuando presenten las autorizaciones de construcción. Los 30.000 euros restantes se devolverán cuando el parque entre en operación en la fecha prevista.