Luces rojas en la legislación laboral

Expertos en derecho del trabajo plantean cambios normativos para atender las nuevas modalidades de empleo


santiago / la voz

En el mundo del derecho se refieren a esta nueva realidad como descentralización productiva. Pero en la calle quizás se la conoce por otro nombre: outsourcing, externalización o terciarización. Sucede cuando el empresario decide desprenderse de una parte de su producción o de su gestión, algo cada vez más frecuente en todo el mundo. Tiene una cara positiva: más competitividad y eficiencia, mayores beneficios por la reducción de costes y también mayor dinamismo y flexibilidad. Pero hay consecuencias negativas, sobre todo para la protección de los trabajadores, incluidos los del sector público.  

Esta cuestión ha sido una de las nucleares del vigésimo octavo congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo, clausurado este viernes en Santiago, y que ha reunido a los principales expertos nacionales e internacionales en la materia, como la catedrática María Emilia Casas Baamonde, expresidenta del Tribunal Constitucional, o el catedrático José Luis Tortuero, entre otros. La lectura de las conclusiones del congreso fue una llamada a las fuerzas políticas para colocar encima de la mesa una prioridad: la necesidad de acomodar el marco legislativo a los tiempos que corren. Unas propuestas que, para los profesores e investigadores, no deberían caer en saco roto.

Según los expertos, se hace necesario legislar para limitar de algún modo la descentralización productiva, pero también se debe unificar toda la normativa dispersa en un contexto en el que un número de casos y de conflictos acaban en la jurisdicción social.

Del simposio puede extraerse otra conclusión: cómo el proceso de externalización tiene un impacto directo negativo sobre las condiciones del trabajo. Esto hace que, en ocasiones, prestando un mismo servicio, esos empleados estén peor remunerados que los de la empresa principal, lo que genera una discriminación laboral que, muchas veces, repercute sobre el estado de ánimo y la productividad de los trabajadores.

Más allá del deterioro de las condiciones de trabajo, la descentralización productiva y la falta de adecuación del marco legal también han sido objeto de las sesiones del congreso para abordar otros aspectos. Por ejemplo, cómo el derecho a conformar un sindicato puede verse afectado al desviar la producción o la gestión a unidades que no tienen un mínimo de 20 trabajadores (el mínimo para montar un comité). O cómo este creciente proceso de externalización podría afectar también al derecho de huelga, un derecho fundamental recogido en el título primero de la Constitución.

Pero hay más cuestiones, como la incidencia de esta realidad en el derecho a la negociación colectiva o en la proliferación de contratos que no se ajustan a la naturaleza del empleo que se desempeña, es decir, en fraude de ley.

«Ha sido un congreso plural, en el sentido ideológico de la palabra, porque nos hemos reunidos profesores y profesionales con tendencias distintas y perspectivas distintas y, aun así, hemos podido ponernos de acuerdo en los retos que plantea la descentralización productiva, lo que evidencia la necesidad de acometer reformas», explica Jaime Cabeza, catedrático de Derecho Laboral y uno de los organizadores.

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