La Justicia valida el plan del Cantábrico, con su reparto y sus compras de cuota

Cree que los criterios elegidos por la Administración son «razonables»


redacción / la voz

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acaba de volcar un jarro de agua fría sobre la coruñesa Asociación de Armadores Pescagalicia-Arpega-OBarco y la Asociación de Armadores del Cerco de Galicia (Acerga) al desestimar sus demandas contra la orden del 2015 del Ministerio de Agricultura que establece un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Cantábrico Noroeste. El fallo supone respaldar el reparto de cuotas de jurel y caballa tal y como está hecho, la prohibición del tren de bolos, las operaciones de compraventa de cuotas que se hicieron al amparo de las primeras órdenes de gestión del caladero y que fueron sucesivamente anuladas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Precisamente en ese varapalo judicial basaba Pescagalicia parte de su recurso, pues acusaba a la Administración de un fraude de ley al tratar de validar con una disposición final en otra orden una norma tumbada por la Justicia dado que carecía del preceptivo informe del Consejo de Estado.

Pero el texto legal del 2015 sí había cumplido ese requisito formal que dio al traste en los tribunales con los primeros planes de gestión. Y en esta ocasión, la Audiencia Nacional trascendió del plano formal para entrar en cuestiones de fondo. Y sancionó la actuación de la Administración.

Rechazó el argumento de los armadores sobre la falta de motivación y justificación de la asignación de las cuotas de caballa y jurel para los barcos de otras artes distintos de arrastre de fondo y cerco, así como la ausencia de un informe que detalle los criterios de reparto y de las actas de las reuniones con el sector en las que se negoció el reparto. El tribunal, con Felisa Atienza como ponente, entiende que en el mismo preámbulo de la orden se alude a cuestiones como la necesidad de realizar «una planificación más conveniente», atiende a que en el texto se habla también de «graves problemas de seguridad» al tener que desplazarse la flota artesanal al lugar donde está la caballa, y da por demostrado el consenso que existía en poner fin a la pesca olímpica.

Aunque reconoce que los denunciantes tienen razón con respecto a que el texto legal «debería contener una motivación mayor sobre los criterios de reparto y el ajuste que llevó a aumentar el porcentaje correspondiente a Asturias, esa laguna se cubre con el informe de la Subdirección General de Pesca, «incorporado a última hora al expediente» que explica por qué se optó por combinar los criterios históricos con las características del buque y los criterios socioeconómicos en unos casos y por el modelo lineal que se aplicó al arrastre en otros.  

Criterios razonables

Que si son o no los adecuados no corresponde determinarlo al tribunal, pues eso quebraría «el principio de división de poderes». La Administración tiene potestad discrecional para decidir las medidas que sean convenientes, siempre dentro de los límites que impone la racionalidad, sin incurrir en abuso o en desviación de poder. Es decir, que el Gobierno puede elegir los criterios de reparto que crea oportunos y lo que compete a la Justicia es valorar si son razonables. El tribunal cree que sí, que están dentro «de la razonabilidad que exige la jurisprudencia del Supremo» y por eso desestima el recurso. 

El fallo zanja la polémica sobre la validez de las transmisiones de cupos entre barcos

Una de las cuestiones más espinosas del plan de gestión son las disposiciones que atañen a las transmisiones de cuotas de especies entre buques del Cantábrico. Si en las primeras órdenes, esas que fueron tumbadas por la Justicia, se permitía la compraventa de derechos de pesca, en las sucesivas se limitó a permitir las operaciones con las posibilidades adquiridas a mayores de la cuota base, esa que se asignó linealmente a todos los buques arrastreros del caladero. Si se pueden o no hacer transacciones comerciales con lo que son derechos sobre recursos públicos divide a las asociaciones.

Pescagalicia-Arpega-Obarco, la demandante, sostiene que no deben ser objeto de operaciones mercantiles, y menos, si se emplean no para explotar y consumir, sino para arrendar a terceros. Otras, codemandadas en el recurso, opinan lo contrario, que la transferencia lo que hace es «posibilitar, ajustar o acomodar las posibilidades de pesca a los volúmenes que cada buque pueda utilizar» y argumentan que «nadie estará dispuesto a adquirir posibilidades de pesca que no pueda utilizar, del mismo modo que nadie estará dispuesto a transferirlas cuando pueda utilizarlas para sí». A juicio de estos últimos, lo lógico sería impugnar cualquier operación mercantil realizada en el caso de que supusiera alcanzar volúmenes superiores a los que el buque en cuestión pudiese utilizar, pero no vetar todas las transferencias. Y la sala comparte este criterio, desestimando la impugnación de la disposición final tercera de la orden que legitima las operaciones de compraventa realizadas al abrigo de las normas anuladas.

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La Justicia valida el plan del Cantábrico, con su reparto y sus compras de cuota