La carga fiscal en las grandes ciudades gallegas varía en hasta 150 euros al año

En un sistema tributario tan descentralizado como el español, el lugar de residencia tiene una importancia capital a la hora de determinar la carga fiscal que soportará un ciudadano. Se puede ver con claridad estos días, en plena campaña de la renta, puesto que los tipos del impuesto y las deducciones varían de una comunidad a otra y hacen que el resultado de la declaración pueda ser diferente para dos trabajadores con el mismo nivel de ingresos e idéntica situación personal y familiar. Otro tanto sucede con las herencias, de ahí los movimientos que hacen algunos contribuyentes para instalarse en la región que ofrezca una mejor fiscalidad a sus herederos cuando estos reciban la herencia.

Presión fiscal en las siete ciudades gallegas

La Voz

Y las diferencias no se limitan a las comunidades. Un estudio del Observatorio Municipal de Galicia, gestionado por el grupo de investigación GEN de la Universidade de Vigo, concluye que la carga impositiva per cápita en las siete grandes ciudades gallegas puede variar hasta un 45 %. En dinero contante y sonante, la diferencia puede llegar a los 153 euros anuales.

Ourensanos y compostelanos son los que soportan, según el informe, la mayor presión fiscal. Entre impuestos locales directos (IBI, IAE, circulación y plusvalía) e indirectos (fundamentalmente el ICIO), los ourensanos abonan una media anual de 491 euros por cabeza, frente a los 487 de los santiagueses. A Coruña y Vigo también se sitúan por encima de la barrera de los 400 euros anuales en impuestos por habitante (428 y 408, respectivamente), un listón del que solo bajan en Lugo (393), Pontevedra (361) y Ferrol (338).

Si se añaden a la ecuación las tasas y precios públicos, la presión fiscal es todavía más elevada, aunque los autores del informe recuerdan que la comparación no es tan precisa como la anterior, ya que en ese capítulo del presupuesto de ingresos conviven conceptos tributarios como las tasas de agua o de recogida de basuras con otros que no lo son, como los precios públicos o los ingresos por urbanismo. En todo caso, las diferencias en este epígrafe son muchos más acusadas que en el de los impuestos, ya que los 255 que abonan de media al año pontevedreses y ourensanos en tasas y precios públicos por otras gestiones multiplican más que por cuatro los 61 euros que abona, de promedio, un ferrolano.

Amplia horquilla de tipos

En su análisis del principal impuesto municipal, el IBI, el informe destaca la «heterogeneidad» en los tipos que se aplican en las siete ciudades. En el caso de los inmuebles urbanos, la media es del 0,64 %, pero hay una gran diferencia entre el mínimo, del 0,51, que aplican en Santiago, y el 0,88 de Vigo.

En esta última ciudad, los valores catastrales no se revisan desde 1990 y son los más obsoletos de las siete ciudades. Salvo en Santiago, que los actualizó en el 2010, en el resto de las ciudades han pasado ya más de diez años desde la última revisión, lo que permitiría realizar otra ponencia de valores. De ellas, solo Lugo y Pontevedra aplican un coeficiente de actualización tras solicitarlo al Catastro.

«La no revisión del catastro tiene importantes efectos en materia de equidad, por los problemas de adaptación a los cambios en los valores de las distintas zonas de un municipio», advierten los autores del estudio, que dicen que, ante ese desfase, «resulta engañoso fijarse solo en los tipos impositivos para determinar dónde la presión fiscal es más o menos elevada» y hay que atender más al importe medio de los recibos. Los más caros, al menos para los inmuebles urbanos, se pagan en A Coruña (342 euros) y Santiago (308), a pesar de las importantes reducciones que se aplican en ambos municipios. Los más baratos, en Ourense (245) y Lugo (236). Vigo, que es la ciudad con mayor población, se sitúa en una posición intermedia, con un promedio de 299 euros.

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