Los fondos buitre son ya la mayor inmobiliaria gallega, con 2.500 activos

Cuatro firmas controlan más propiedades que la Sareb y las entidades financieras


Redacción / La Voz

Fue en agosto del año pasado. El mismo día en que las autoridades europeas de competencia concedían el plácet definitivo al Santander para absorber por un euro al quebrado Banco Popular, la entidad presidida por Ana Botín firmaba la venta del 51 % del ladrillo tóxico (inmuebles y préstamos fallidos) a Blackstone por 5.100 millones de euros.

El fondo estadounidense, que en los últimos años ha ido aprovechando las gangas que dejó la crisis para construir un imperio en España -su última apuesta es la opa lanzada en abril sobre la inmobiliaria Hispania-, se convirtió, gracias a la compra de la cartera del Popular, en la primera inmobiliaria privada del país, solo superada por la Sareb, que aún gestiona 37.179 millones en activos procedentes de las entidades rescatadas.

Frente a la posición de dominio que aún ejerce el banco malo en el conjunto del país, en Galicia los denominados fondos buitre (un apelativo que no gusta nada en el sector) ya son líderes en el sector inmobiliario. Según las estimaciones de fuentes financieras, las cuatro mayores firmas (Blackstone, Cerberus, Lone Star y Apollo) controlan en conjunto 2.500 propiedades en la comunidad (no solo vivienda, sino también naves industriales, locales comerciales o terrenos), frente a las 1.500 en manos de la Sareb y el millar que poseen las grandes entidades financieras que no fueron rescatadas (Santander, BBVA o Sabadell Gallego, entre otras).

Esa posición protagonista en Galicia la lograron precisamente por la adquisición de la cartera del Popular y el Pastor, que incluía 1.200 activos en la comunidad, donde ambos bancos habían tenido una gran exposición al sector inmobiliario, al igual que las extintas cajas (aunque las propiedades de estas fueron transmitidas a la Sareb).

A diferencia de otras comunidades, donde su entrada estuvo rodeada de polémica, por la gestión de viviendas sociales y otros activos sensibles, en Galicia los fondos han ido tomando posiciones de forma mucho más discreta. Aunque Benito Iglesias, presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), tiene claro que «la entrada y posicionamiento dominante de los fondos buitre en el mercado de la propiedad en Galicia es fruto de la pésima y negligente gestión de las entidades financieras con base en Galicia». Y es que, debilitadas hasta el extremo, como demuestra el rescate de las antiguas cajas y la resolución del Popular-Pastor, «solo les preocupaba limpiar sus balances y ahí es donde entidades público-privadas deficitarias, como la Sareb, y fondos buitre entraron a saco, aprovechándose de las erráticas políticas financieras y de unos reguladores y supervisores que miraron hacia otro lado o simplemente fueron ineficientes e ineficaces en su responsabilidad pública».

Menos sensibles a la presión

Muy crítico con la gestión inmobiliaria de la Sareb y de la banca, que a su entender distorsionó el mercado de la vivienda en Galicia en un momento en el que se iniciaba la recuperación, Iglesias cree que las prácticas comerciales de los fondos buitre no se diferencian mucho de las que en su día practicaron las entidades financieras, por ejemplo, en el norte de Lugo. Pero matiza que, a diferencia de lo que ocurre con aquellas, muy sensibles a cualquier ataque reputacional, en el caso de los fondos el resto de los agentes del mercado tienen muy poco margen de presión para intentar que su política comercial no dañe al conjunto del sector. «La imagen no les importa nada, no tienen marca, no tienen rostro, son un instrumento tras el cual es difícil saber quién está realmente», afirma.

Sobre los fondos (buitre o de inversión, depende quién ponga el adjetivo) las opiniones son diversas. Si el presidente de las inmobiliarias asegura que muchos de sus colegas han rechazado trabajar para estos fondos, «porque pagan tarde y mal y es muy difícil tratar con alguien que no sabes dónde está», desde otra empresa que presta servicios para ellos defienden que «dan actividad y generan empleo» en Galicia.

Esta fuente, que prefiere mantener el anonimato, niega que los fondos sean empresas sin corazón a las que no les tiembla el pulso a la hora de desahuciar a familias de sus viviendas o imponer subidas abusivas de los alquileres aprovechando su posición de dominio en el mercado, como critican las plataformas de afectados que se han constituido por todo el país. Al contrario, dice, «miden mucho las intervenciones que tienen que hacer y actúan dentro de sus códigos éticos». «Aquellos casos en los que existen personas en riesgo de exclusión social o donde hay menores se analizan mucho y no se actúa por las bravas», dice este profesional, que se encarga de hacer todos los trámites (legales, administrativos, registrales...) para que los fondos puedan tomar posesión de las viviendas que adquieren a los bancos.

¿Y qué soluciones buscan a esos casos? «Depende, hay varias salidas, desde un acuerdo indemnizatorio a otras soluciones de vivienda». Otra cosa, reconoce, son las okupaciones, donde no hay tantos miramientos.

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Primeros reveses en los juzgados: compras anuladas y límites a la hora de reclamar deudas

Hasta ahora, la contestación a la actividad de los fondos buitre había sido solo en la calle. La última muestra, las protestas organizadas esta misma semana ante las puertas de un hotel madrileño donde se celebraba la reunión de un foro de inversores para analizar las oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario español. A la cabeza de esa movilización social, los inquilinos de viviendas sociales vendidas por la Administración madrileña a estos fondos, a los que acusan de estar detrás de la burbuja del alquiler que se está gestando en España, al haber convertido la vivienda en un activo más con el que especular, como si fueran acciones o bonos de deuda.

Sin embargo, los fondos han recibido en los últimos días dos reveses mucho más preocupantes de los tribunales. Este viernes, un juez madrileño anuló la venta de casi 3.000 viviendas públicas que la Comunidad de Madrid adjudicó a una filial de Goldman Sachs en el 2013, en lo peor de la crisis, por apenas 200 millones de euros. Una operación que, dice el tribunal, no se justificó. La sentencia se suma a la dictada por un tribunal coruñés que sienta otro peligroso precedente para los fondos, ya que establece que no pueden reclamar por una deuda un importe superior al que pagaron ellos al banco para comprársela.

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M. Sío Dopeso
.Marineda City
Marineda City

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En el mundo del capital riesgo hay mucho dinero deseando hacer negocio, y Galicia gusta a los inversores más allá del real estate inmobiliario. «Hay mucho dinero dispuesto a entrar en la comunidad gallega, detectamos mucho interés y habrá grandes movimientos», afirman desde la patronal Ascri (Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión), que hace un balance «sin precedentes», con casi 700 operaciones de compra cerradas el año pasado en España, por un total de 4.900 millones de euros, un 27 % más respecto al año anterior.

De esta suma, Galicia captó cerca de 600 millones (Geriatros, Sidecu, Bioetanol Galicia, entre otras) que, sumados a las adquisiciones cerradas en la comunidad en los últimos tres años, elevan a más de 2.000 millones el valor de las compras hechas por fondos, casi todos extranjeros.

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