La Justicia garantiza una pensión mínima a los retornados de Venezuela

Ante los impagos del régimen de Maduro, el TSXG obliga a la Seguridad Social a complementar la paga de los afectados


Redacción / La Voz

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha vuelto a dar la razón a los retornados de Venezuela en su batalla con la Seguridad Social para que esta reconozca su derecho a una pensión mínima. En una sentencia fechada el pasado 16 de marzo, la Sala de lo Social del TSXG falla sobre uno de los miles de casos de pensionistas españoles que durante años cotizaron en Venezuela y que, pese a tener reconocida una prestación de aquel país (complementaria a la que perciben en España), sufren desde hace meses los impagos del régimen de Maduro, lo que les obliga a subsistir con unos ingresos paupérrimos.

La decisión del alto tribunal gallego sigue el mismo criterio que fijó ya en el 2005 el Tribunal Supremo y que había aplicado el propio TSXG en sentencias anteriores, en las que asume que «ostenta el derecho al complemento a mínimos quien tiene reconocida pensión por la Seguridad Social de Venezuela pero no le es efectivamente satisfecha». Esto es, ante el impago del régimen de Maduro, la Seguridad Social española debe complementar la prestación de estos jubilados hasta alcanzar la cuantía mínima de la pensión de retiro en nuestro país, que es donde residen.

Y es que, como recuerda el TSXG, el Supremo estableció en aquella sentencia que ahora se usa como referente que, «en un Estado definido constitucionalmente como social y democrático, tal complemento de prestación debe garantizar unos ingresos suficientes, por bajo de los cuales se está en situación legal de pobreza, a toda persona que dedicó su vida al trabajo».

El alto tribunal gallego recuerda que toda la normativa que regula el cobro de estos complementos se refiere a los «importes reales de las pensiones», esto es, con los que realmente perciba, aunque tenga reconocido el derecho a una prestación mayor. «Es con dichos importes reales con los que el beneficiario debe atender a sus necesidades, que no pueden verse satisfechas con el importe de utópicas pensiones reconocidas que no son satisfechas». En el caso analizado, el demandante no percibía su jubilación venezolana desde abril del 2016.

Más de ocho mil casos

Según las estadísticas de la propia Seguridad Social, en la actualidad hay más de 11.500 personas que perciben una prestación en España tramitada al amparo del convenio bilateral firmado con Venezuela. De ellas, más de 8.000 son de jubilación. Galicia es, con Canarias, la comunidad con más afectados.

Catarina Capeáns, experta del área laboral de Vento Abogados y Asesores, que lleva varios casos, explica que «la mayoría de ellos han visto cómo, desde hace aproximadamente dos años y medio, Venezuela ha dejado de pagar la prestación reconocida», tras lo cual han iniciado reclamaciones ante la Seguridad Social, primero en vía administrativa y luego ante la Justicia, para solicitar el complemento que les permitiría percibir la cuantía mínima de la pensión de jubilación en España. Sin embargo, según Capeáns, «la Seguridad Social, de forma automática, deniega estas solicitudes obligando a los jubilados a un proceso judicial que se prolonga aproximadamente durante dos años». E incluso después de la primera sentencia favorable a los pensionistas, «presenta recursos de suplicación alargando si cabe más la espera», lo que ha provocado la indignación de las plataformas de afectados que se han ido constituyendo por toda España, con centenares de miembros.

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