Los juzgados gallegos reciben las primeras demandas contra el cartel de camiones

El bufete Caruncho, Tomé y Judel presentó ayer una en cada provincia, después de haberlas tenido que aplazar por la huelga

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madrid / la voz

El despacho de abogados Caruncho, Tomé y Judel presentó ayer las primeras demandas que se registran en Galicia contra el cartel europeo de camiones que integraron los principales fabricantes (DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault y MAN) y que durante 14 años (entre 1997 y el 2011) pactaron precios impidiendo la competencia y, en consecuencia, encareciendo los vehículos. Por ello, Bruselas le impuso una multa de 3.000 millones en el 2016.

Según confirmó ayer el bufete coruñés, socio de la firma Hispajuris y que representa en Galicia a las asociaciones de la Federación Empresarial de Transportes de Mercancía por Carretera (Fetram), se estima que en España hay cerca de 200.000 afectados, que pueden haber pagado un sobreprecio del 20 % por sus vehículos, según el cálculo de la propia Comisión Europea.

A las cuatro demandas ya presentadas -una en cada provincia- las seguirán próximamente varios centenares más salidas de los despachos de Hispajuris, ya que la huelga en la Justicia que ha afectado a Galicia en los últimos meses obligó a retrasarlas.

La formalización de las demandas (se ha optado por hacerlas individuales en lugar de colectivas) también se demoró por el ingente trabajo previo que supone la recopilación de información sobre cada camión por cuyo sobrecoste se reclama, así como un informe pericial y la reclamación extrajudicial trasladada previamente a cada una de las compañías. Cabe destacar que pocas respondieron, y ninguna en sentido favorable.

«El proceso judicial es muy complejo», explicó el director del bufete, Ignacio Caruncho, que destaca que el informe técnico pericial que se adjunta por cada camión afectado -el despacho representa a 300 empresas y un millar de afectados- es «fundamental», pues es «el documento más trascendente para formar la decisión judicial» y para probar el incremento de los precios durante la vigencia del cartel.

El informe presentado por el bufete evidencia, entre otras cosas, cómo en los años inmediatamente posteriores a la finalización de esas prácticas ilegales se produjo un «llamativo descenso del precio de los camiones»: el 9,4 % en el 2011 y el 17 % adicional el ejercicio siguiente.

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