Los negocios deberán ofrecer medios de pago distintos del efectivo desde 30 euros

La pérdida máxima por el uso de una tarjeta robada pasará de 150 a 50 euros


Redacción / La Voz

Se acabaron las excusas para impedir el pago con tarjeta. O eso es, al menos, lo que pretende el Gobierno. Bares, panaderías, talleres... Todos los negocios estarán obligados a ofrecer a sus clientes un medio de pago alternativo al efectivo para las compras superiores a 30 euros. Así lo establece el anteproyecto de Ley de Servicios de Pago, que traspone una directiva europea (conocida como PSD2) y que fue aprobado ayer en primera lectura por el Consejo de Ministros, como paso previo al inicio de su tramitación.

Ese instrumento de pago alternativo tendrá que anunciarse en algún lugar visible del local, para que pueda ser fácilmente identificado por el consumidor. Los comerciantes podrán optar por las soluciones más extendidas, como las tarjetas de débito y crédito, pero no tendrán por qué contar con un TPV tradicional si no quieren, ya que también podrán optar por alguno de los nuevos medios que se regulan en la nueva ley. Es el caso, por ejemplo, de los conocidos como servicios de iniciación de pagos, categoría en la que se incluyen todas las nuevas herramientas o aplicaciones electrónicas desarrolladas por las fintech y que actúan como alternativa a las tarjetas físicas.

Además, se regulan también los agregadores de cuentas, que consolidan toda la información de las diversas cuentas que tiene abiertas un usuario en diferentes entidades.

La normativa, defendió el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, «ofrece nuevas posibilidades para facilitar el comercio y los derechos de los consumidores», al tiempo que refuerza la seguridad en los pagos electrónicos, exigiendo una «autenticación reforzada del cliente».

Dentro de esos nuevos parámetros de seguridad, el anteproyecto de ley reduce la pérdida máxima que deberán asumir los consumidores en caso de que se produzca una operación de pago no autorizada por ellos como consecuencia del uso fraudulento, extravío o robo de la tarjeta o de otro instrumento de pago. Ese límite, que ahora mismo está fijado en los 150 euros, se recortará a la tercera parte, hasta 50.

Además, también se reduce el plazo para la resolución de reclamaciones, desde los dos meses actuales a quince días, explicó Méndez de Vigo.

Tramitación

Tras la aprobación en primera lectura del texto, el anteproyecto será remitido a distintos organismos, entre ellos el Consejo de Estado, para obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado en segunda lectura, ya como proyecto de ley, e iniciar la tramitación parlamentaria. Por eso, la entrada en vigor de las medidas anunciadas ayer aún se demorará unos meses.

En una primera valoración de la norma, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) criticó que no se establezcan limitaciones ni se regulen los costes por el uso de estos servicios de pago, ya que España está entre los países con las comisiones más caras por el uso de tarjetas de crédito.

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