El chavismo recrudece sus ataques a las empresas privadas en víspera electoral

El golpe a Banesco es el último en un proceso de acoso que va de la banca a los supermercados


caracas / la voz

Desde hace al menos doce años, desde que Hugo Chávez acuñó su impronta de aplicar su socialismo extremo, la aplicación de políticas hostiles a la propiedad privada ha redundado en la emigración masiva de venezolanos, la ruina general de su economía y en el arrinconamiento del sector privado. Todo ello, enmarcado en la desaparición de la institucionalidad del país y su sustitución por la voluntad del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro.

La intervención de Banesco -el grupo de Juan Carlos Escotet, dueño también de Abanca- es, por ahora, el último episodio en las prácticas de un Gobierno que desde el 2012 viene anhelando la completa nacionalización de la banca venezolana. Un ejemplo bien claro, del 2011, con Chávez en el poder: «Señor presidente del Banco Provincial, si el banco que usted preside no está dispuesto a cumplir con las leyes, entréguemelo», dijo por televisión el mandatario al consejero delegado del banco, entonces propiedad de BBVA.

Desde el 2006, a pesar de (y gracias a) un bum petrolero que se prolongó por casi una década, Chávez y Maduro han intervenido y nacionalizado sectores completos de la economía. Electricidad, cemento, cadenas grandes de hipermercados, la importación de todos los bienes de consumo para el país -se ha centralizado en una empresa estatal a la que las privadas tienen que recurrir-, así como tres millones de hectáreas de tierras productivas. Resultado: el colapso del país. 

El precedente del Santander

«Si el Gobierno repite en el poder en estas elecciones de mayo, veremos un ataque incluso mayor a la propiedad privada», indica el economista Luis Oliveros. Uno de sus colegas, Francisco Faraco, experto en banca, previene: «Banesco será saqueado». La medida de intervención por 90 días no concede ninguna limitación al Estado, argumenta, y ese ha sido el destino de todos los bancos a los que la llamada revolución bolivariana ha echado mano, empezando por el Banco de Venezuela, hasta el 2008 en poder del Santander, y que tuvo que vendérselo al Estado venezolano por unos 600 millones de euros. Su gestión desde entonces deja que desear: hace tres meses tuvo un incendio en su centro de datos y dejó de prestar servicio durante cuatro días, causando un caos en el sistema de pagos. Se sostiene solo porque a través de él, fundamentalmente, el Estado venezolano paga su abultadísima nómina de personal.

El sector bancario parece estar en la mira del Gobierno, señala Faraco, porque quiere controlar las remesas que los venezolanos en el exterior envían a sus familiares, y que escapan, en miles de transacciones privadas, al férreo control de cambios que el régimen viene aplicando desde hace 15 años. Y aunque no ha tenido ningún efecto sobre la progresiva devaluación del bolívar, sí ha servido para hacer inviable casi cualquier actividad privada, salvo la que desarrollan grupos económicos cercanos al poder. Esto ha permitido el florecimiento de una clase social a la que los venezolanos denominan boliburguesía.

 

Hay más casos. Los supermercados Éxito, propiedad de Carrefour, se expropiaron para convertirse en Abastos Bicentenario; hoy esta cadena está cerrada. El grupo de tiendas agrícolas Agroisleña, de empresarios canarios, fue incautada en el 2010, y se ha llevado la misma suerte: quebrada.

Ana María Carrasquero, socióloga e investigadora de Cedice-Libertad, principal think-tank liberal de Venezuela, señala que las políticas hostiles hacia la propiedad privada tienden a recrudecerse cuando hay eventos electorales, empezando en el 2014, cuando el Gobierno de Maduro intervino unas tiendas de electrodomésticos con rebajas compulsivas. Le permitió ganar unos comicios regionales... pero todo el sector quebró. Hoy la única manera de adquirir un electrodoméstico nuevo es ser empleado público y ponerse en una lista de espera para poder recibirlo. Será de la marca china Haier. 

Contra otro empresario gallego

Luis Oliveros indica que el ataque a Banesco se inscribe en esta lógica de línea dura que lleva al chavismo a congraciarse con su electorado más radical. En ese contexto se explica la investigación que anunció el Gobierno contra Carlos Dorado, un empresario gallego propietario de Italcambio, un grupo de bancos, casas de cambio y agencias de viaje. Y también contra BOD, otro de los bancos más grandes del país, cuyo propietario es Víctor Vargas, suegro de Luis Alfonso de Borbón e íntimamente imbricado con la boliburguesía.

Pero no es solo la banca: ayer mismo Maduro anunció que ha dado orden de detener a exdirectivos de la eléctrica Enelven, a los que acusa de provocar cortes de suministro para generar malestar social.

El improvisado recibimiento a Escotet en la sede de Banesco: «Valiente, valiente»

r. s.
Escotet, recibido por los empleados de Banesco al grito de «valiente, valiente» El fiscal general de Venezuela ha confirmado que se han bloqueado unas 1.000 cuentas de Banesco

Trescientos empleados llenaban el auditorio de Ciudad Banesco, el complejo que hace las veces de sede central

Juan Carlos Escotet, el dueño de Banesco y también de Abanca (entidad independiente de la anterior, la misma fórmula que utiliza el empresario para todo su grupo de bancos), llegó a mediodía del viernes al aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía, a las afueras de Caracas, sin saber qué pasaría cuando pisara suelo venezolano. No debe extrañar esa inquietud: solo unas horas antes el Gobierno de Maduro había ordenado interrogar primero y detener después a toda la cúpula de Banesco en Venezuela (11 directivos, entre ellos dos de origen gallego), e intervenir durante 90 días el banco.

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