Bruselas contradice al Gobierno y alerta sobre el déficit del sistema de pensiones
ECONOMÍA
Dice que los jubilados españoles «han conservado su nivel de vida» durante la crisis
01 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El 7 de marzo, en plena ola de indignación de los pensionistas españoles, la Comisión Europea presentó un informe sobre la situación económica de los países de la UE. Que si el déficit, que si el paro, que si la deuda... Esta vez, cómo no, la clave era qué decía sobre las pensiones. Y para alivio de un acorralado Mariano Rajoy, Bruselas aplaudió las reformas del 2011 y del 2013. Las que, entre otras cosas, incluían el controvertido factor de sostenibilidad a partir del 2019, ese que hará que los nuevos jubilados cobren menos, porque lo harán más años.
Aquel día, en uno de los corrillos posteriores a la comparecencia del comisario de turno, los hombres de negro encargados del dosier español no titubearon cuando fueron preguntados sobre si es viable actualizar las pensiones a la evolución del IPC: «No tiene ningún sentido técnico. Lo interpretamos como parte del juego político». Ahora a Bruselas le ha pillado con el pie cambiado el acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV para subir las pensiones en relación al IPC (con un coste de unos 3.300 millones este año y el siguiente) y además retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad al 2023. Lo evidencia el hecho de que ayer publicaron un informe sobre la situación del sistema de pensiones en toda Europa y en el capítulo español, además de pedir nuevas vías de ingresos para acabar con el déficit de la Seguridad Social o asegurar que los pensionistas han salido bien parados de la crisis, se centra en loar aquellas reformas anteriores. De hecho, recuerda que siguen sin implementarse en su totalidad, que hay margen de mejora.
Papel mojado. Han pasado demasiadas cosas desde que sus autores finalizaron el documento hace ya semanas. Ni sabían que el PNV sorprendería con esta exigencia para respaldar los Presupuestos ni, menos aún, que Rajoy decidiría aceptarla sabedor de que supone «dar un paso atrás» en la senda reformista acordada con Bruselas, como este lunes lamentaron fuentes comunitarias.
Todavía no ha habido un posicionamiento oficial de la Comisión liderada por Jean-Claude Juncker, pero el jueves se presentarán las previsiones macro de primavera y el comisario de Economía, Pierre Moscovici, no tendrá más remedio que pronunciarse. O da un toque de atención a Madrid por desviarse de sus compromisos macroeconómicos, o se decanta por mirar hacia otro lado esgrimiendo que España sigue siendo la potencia que más crece. Tan importantes serán las advertencias como los silencios.
Y ojo con este tipo de prebendas, que España, en julio del 2016, estuvo a punto de ser sancionada por saltarse el objetivo de déficit para tener margen de maniobra en año electoral.
«Mantienen poder adquisitivo»
Respecto al informe de ayer, que se publica cada tres años, destaca cómo los pensionistas españoles salen muy bien parados cuando se trata de comparar su situación con los ingresos de los trabajadores. He aquí el gran problema: los salarios bajos de los grandes financiadores del sistema de pensiones. Sueldos bajos, pensiones bajas, es simple. O esto o un déficit que no deja de crecer, como alerta Bruselas, que pide más y mejores trabajos, prolongar la edad laboral o recurrir a planes privados.
El informe también sostiene que el riesgo de pobreza de los pensionistas es del 14,4 %, frente al 30,4 del resto de la sociedad española, y cuatro puntos menos que la medida comunitaria. «La mejor situación de los jubilados en España se debe al hecho de que las pensiones han mantenido su poder adquisitivo. Los pensionistas españoles han conservado ampliamente su nivel de vida relativo durante la crisis», concluyen los expertos, que también advierten que casi el 90 % de los autónomos cotizan lo mínimo (por lo que recibirán una prestación raquítica al retirarse), y alertan de la brecha entre sexos en los pensionistas: las mujeres cobran un 33,8 % menos.
Aviso de los técnicos de Hacienda: la tasa Google no permitirá pagar la subida por el IPC
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera «imposible» que el anunciado impuesto a las tecnológicas -conocido ya como tasa Google- pueda financiar la subida del IPC de las pensiones, un 1,6 % con efectos desde enero, incremento que pactaron el Gobierno y el PNV para la aprobación de los Presupuestos del Estado. No será posible, sostienen, aunque se aceleren los trámites en el seno de la UE para su desarrollo y puesta en marcha.
La organización recuerda que el anuncio de este impuesto a las tecnológicas ya se planteó en marzo en la UE, con un borrador para que estas grandes corporaciones -Amazon, Google, Facebook, Apple...- terminen tributando en los países de la UE mediante un recargo de en torno al 3 % de los beneficios obtenidos por sus ventas en cada país por las empresas de servicios digitales que en un período impositivo facturen más de 7 millones de euros, cuenten con más de 100.000 usuarios o con más de 3.000 contratos en un Estado.
Desde Gestha consideran que este impuesto no estaría vigente, como muy pronto, hasta el ejercicio del 2020, y sostienen que Bruselas cuantifica una escasa recaudación en toda la UE, unos 5.000 millones. Asimismo, señala que la dificultad para que este gravamen sea efectivo está en que aún se encuentran por definir tanto los criterios para distribuir los beneficios de cada multinacional en cada país miembro como la horquilla en la que se permitirá establecer el recargo en el impuesto de sociedades de cada país, por lo que resulta «complicado» que España ingrese algo más de 500 millones, frente a los 1.600 millones que costaría indexar las pensiones al IPC.