Una ley que no se cumple: 12.000 gallegos siguen esperando ayudas de la dependencia
ECONOMÍA
El tiempo es el principal escollo de un servicio público en el que la Administración falla
30 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Es uno de los grandes avances sociales de los últimos años. La ley de dependencia fue un salto cualitativo en la atención a las personas mayores. Pero tiene más sombras que luces. Y obliga a los ciudadanos a enfrentarse a la temida burocracia, con un agravante: los solicitantes son muchas veces los cónyuges, de edad avanzada, que pasan meses e incluso años esperando un servicio. A fecha 31 de marzo, en Galicia había 55.293 personas recibiendo algún tipo de prestación de dependencia. Pero es que 67.195 tienen reconocido este derecho. Es decir, casi doce mil, 11.902 en concreto, siguen aguardando por un recurso que les corresponde, al que tienen derecho, pero para el que la Administración no da respuesta. No son los únicos gallegos que están a la espera. Otras 2.250 personas han solicitado el reconocimiento de esta prestación y están pendientes de saber si tienen derecho a ella.
Uno de los grandes problemas de la relación entre el ciudadano y la Administración es el tiempo. Los dichosos plazos. Da igual que la legislación imponga unos tiempos. La realidad es otra. El Decreto 15/2010 es muy claro y sencillo. Desde que una persona solicita esta prestación, la Xunta tiene tres meses para reconocer el grado de dependencia -existen tres categorías- o resolver que se no tiene derecho a ella. Y otros tres para elaborar el PIA (programa individual de atención), el plan en el que se detallan las prestaciones, la cuantía y la fecha en la que se realizará el primer pago si se concede una ayuda económica. En resumen: seis meses máximo.
La realidad, explica una trabajadora social de la provincia de A Coruña, es que el reconocimiento del grado puede tardar el doble, unos doce meses, y como además no está resuelto el nivel de dependencia, no se priorizan los casos, sino que se valoran en función de la fecha de entrada. El PIA tarda entre uno y dos meses, pero el siguiente problema es el acceso al servicio. Y es que, si el usuario solicita una plaza en una residencia, por ejemplo, y tiene grado II -es decir, no tiene gran dependencia- puede estar años en la lista de espera. Actualmente hay más de 1.500 personas en espera para una plaza pública.
El acceso a un centro de día ronda los seis meses y en la ayuda a domicilio depende mucho del municipio. En dependientes de grados I o II puede tardar dos años. Los trabajadores sociales lamentan, además, que el proceso de reconocimiento de grado se ha ampliado especialmente por la falta de profesionales para realizar las valoraciones.
Sí es cierto que existe una ayuda económica para que el dependiente, durante el tiempo en el que tiene reconocido el servicio y no lo recibe porque hay lista de espera, acceda a un recurso privado. Pero tiene un problema: los fondos son muy pequeños en relación con el coste. Un ejemplo: una plaza privada de residencia supera los 1.000 euros, y la aportación puede ser de 400 o menos.
Visitas y documentación
Es largo el plazo para tener la ayuda de la dependencia, pero hay otros escollos al tramitarla, como la documentación a presentar y las veces que hay que acudir a los servicios sociales. En el primero de los casos, el papeleo es extenso, pero la mayoría se solicita ya desde los propios servicios sociales si el usuario da su consentimiento. Lo que sí debe tramitar la persona es el informe médico, certificado de cuenta bancaria o justificante de pensión del extranjero si la hay, por ejemplo. En cuanto a las visitas que debe realizar una persona que tramita la dependencia para un familiar, son una decena, la mayoría con el trabajador social, aunque también se incluye la visita a domicilio o el informe médico, que debe obtenerse en el Sergas.
El número de personas beneficiarias de la dependencia ha crecido significativamente en los últimos años. En el 2009 había 32.000, y ahora superan las 55.000. La Consellería de Política Social asegura además que las resoluciones se están resolviendo en en torno a los 190 días, cuando la ley marca 180 de plazo máximo; se están ajustando, pero siguen por encima de lo que dice la ley. El problema radica en que la lista de espera para acceder a un servicio hace que, aunque se resuelva la ayuda, esta no puede hacerse efectiva, y la cuantía económica que se otorga durante la espera dista mucho de cubrir lo que cuesta el servicio.
En lo que sí coinciden los trabajadores sociales es en que, cuando existe un caso de emergencia, los tiempos se acortan, hasta el punto de que el proceso puede estar resuelto en un mes.
«Se llega a la residencia tras años y deterioro»
¿Qué es lo que más sobrepasa a un usuario cuando pide una prestación de dependencia? Lucía Vecino, que lleva años como trabajadora social en Mondariz, lo tiene claro: «El tiempo: es un escollo que no se puede resolver».
-¿Qué es lo más complicado para el ciudadano?
-En general, son muy optimistas respecto a los plazos. La gente espera a que se produzca la necesidad más imperiosa para buscar ayuda, algo que se entiende, y después cree que el tiempo de respuesta de la Administración va a ser más corto.
-¿Y los trámites?
-Pensando en los trámites, las dificultades las tenemos los profesionales, porque en el rural el 80 % del informe lo hacemos nosotros. El usuario tiene que ir en varias ocasiones, pero cuando detectamos que tiene problemas para los trámites se los resolvemos.
-¿No debe peregrinar el usuario por las Administraciones?
-Sí sucede, pero se puede evitar. Tenemos mecanismos para, cuando vemos que no puede, gestionarlo nosotros.
-El problema es la espera.
-En ciudades grandes la cita con la trabajadora social tarda hasta seis meses, y ahí aún no está ni tipificada como dependencia. Después pueden pasar otros seis meses hasta la valoración, y más tarde, cuando llega la resolución, a veces ha cambiado la situación, el dependiente se ha deteriorado y el centro de día ya no sirve de nada.
-Y a aguardar por el servicio...
-La espera depende mucho del recurso elegido. La ley de dependencia, que es buenísima, ha sido un embudo. Es cierto que aumentó mucho la ayuda a domicilio, pero no las residencias, por lo que los grados III copan todas las plazas. Si el usuario está en un grado II, con deterioro cognitivo potente, no entra. Estará años esperando, se deteriorará, y cuando alcance el grado III, entrará. La realidad es que la gente con una capacidad económica limitada no va a una residencia si tiene grado II.
-¿Y en caso de emergencia?
-Ahí sí son rápidos. De hecho el 90 % de las personas que entran rápido en una residencia es por emergencia.
-¿Cómo lo asumen las familias?
-Me preocupa que ahora esté normalizado sobreproteger a los hijos y tener una entrega excesiva, y que con los mayores pase todo lo contrario. Es algo cultural. Se acepta la actitud de enviar a los padres a una residencia y no poder nada de tu parte. Cuando se les hace ver a los hijos la importancia de que colaboren, acaban disfrutando por hacer bien las cosas, vienen con orgullo explicando cómo se ocupan de sus padres, y yo los aplaudo.