Un trato desigual, pese a que quien paga es el ciudadano

Los expertos coinciden en lamentar que los contribuyentes no son considerados el centro del entramado público


vigo / la voz

Es en teoría una vía de doble dirección. Pero la relación entre Administración y administrado tiene distintas condiciones, plazos, compensaciones y obligaciones dependiendo de si las respuestas las tiene que dar el ciudadano o el sistema público. El administrado mantiene con sus impuestos todo el aparato organizativo, pero este aparece blindado para que reclamar sea un laberinto complicado y una lucha desigual, en la que se llega a cuestionar que la Administración esté al servicio de quien la paga.

¿Por qué hay diferencia de trato entre Administración y administrado?

«Las leyes las hacen ellos y la Administración se ha dotado de un sistema de autoprotección del monstruo hipertrofiado en el que se ha convertido», estima Víctor Muñoz Meilán, responsable en Galicia de la organización de consumidores Facua. Apunta además a la diferencia de plazos como prueba de ese desequilibrio, y ve al silencio administrativo como una afrenta, que regula por ley el no contestar siquiera a las peticiones ciudadanas.

«El silencio administrativo es una lacra», coincide la valedora do pobo, Milagros Otero. Para la árbitro en las relaciones de la ciudadanía con la Administración, que esa interrelación funcione «es un síntoma de bienestar democrático». Augura que el nuevo marco de transparencia y la democracia participativa pondrán al ciudadano en el centro de las políticas que le afectan, pero aún no lo está. «Hai dúas varas de medir. Ademais a Administración executa ela mesma a autotutela do que lle afecta», resume el abogado especializado en derecho administrativo Xoán Antón Pérez Lema. «Falta poñer ao administrado no centro do sistema», abunda.

¿Qué servicios públicos tienen en Galicia las peores calificaciones?

Sanidad y ayuntamientos son los que más quejas recibieron el año pasado en Galicia. Los servicios sociales repuntan también en el pico de las protestas, aunque la exigencia de revalorización de las pensiones motivó el año pasado la queja colectiva más numerosa de cuantas reclamaron la mediación ante la Administración.

Facua certifica que los servicios básicos municipales y otros que se han privatizado son los que originan la mayor cantidad de protestas. Para Víctor Muñoz, la sanidad merece capítulo aparte, pues «las quejas están ahí muy mecanizadas para atomizarlas y no enfocadas a reconocer que algo no funciona para mejorarlo».

¿Por qué no se reduce la burocracia con más coordinación pública?

Milagros Otero apunta a la gran dimensión de los propios servicios y a sus dificultades internas. «Una Administración que llega tarde no conseguirá solucionar problemas de la ciudadanía», advierte, para añadir que en temas como la igualdad, protección a la mujer, atención de los mayores y a los más débiles requiere de acciones transversales.

«Ya hubo menos, pero tiene que haber más interconexión», estima Víctor Muñoz, que apunta a que dicha agilidad y coordinación sí se ha alcanzado en casi todo lo que tiene que ver con la hacienda pública, prueba para él de que cuando se quiere se hace.

¿Qué vías le quedan al ciudadano cuando choca con la Administración?

El abogado Pérez Lema ve pocas más que acudir a la Justicia, pero con el gran condicionante de que hacer caer las costas casi siempre sobre el administrado que recurre o encaminarlo a tribunales fuera de su ámbito de residencia acaban por disuadir. «Ademais, o Supremo e o Constitucional escollen os casos en función dos seus intereses doutrinais e non dos do cidadán», mantiene. «La Administración tiene el privilegio de que le vas a demandar siguiendo sus propia normas. El contencioso-administrativo es la evidencia de que a la Administración le llega con negar, y el ciudadano tiene que practicar la prueba», señalan en Facua. «En el caso Alvia el sistema defiende al Estado y las víctimas tienen que hacerlo ellas mismas, o en el del Prestige, o en el del Yak-42. La Administración no es proactiva, no va más allá de defenderse», añade.

¿Internet ha agilizado las relaciones con la Administración?

«Debería progresar al mismo ritmo que los avances tecnológicos entre la ciudadanía, pero además no se puede dejar de lado a la gente mayor, que logra que le hagan los trámites en los ayuntamientos pequeños, pero en los grandes no hay margen para ello», reflexiona Alfonso Espiñeira, coordinador autonómico del sindicato CSIF.

La valedora advierte que caminar hacia la e-administración es incluso «una obligación legal, pero sin menoscabar los derechos de quienes por elección, formación o capacidades» opten por alternativas no electrónicas.

¿Afectan los recortes?

Espiñeira está convencido de que en general los funcionarios han mantenido el nivel de trabajo y respuesta a pesar de los recortes, al tiempo que afirma que se han agilizado trámites básicos como la concesión de licencias o el pago de facturas. Alerta el CSIF de que los servicios sociales municipales se están convirtiendo en un cuello de botella al requerir del visto bueno de la Xunta en muchas materias, pues es la que libra gran parte de las ayudas.

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