¿Puede usted reclamar por la huelga en la Justicia? Sí

La Xunta también puede exigir responsabilidad a su personal en caso de dolo, culpa o negligencia

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Galicia estuvo el viernes a punto de vivir el fin de una huelga que lleva paralizando la Justicia desde hace casi tres meses. No hubo suerte, así que seguirán los bebés sin registrar, los muertos seguirán figurando como contribuyentes en el reino legal de los vivos, aumentarán las pensiones que se dejarán de cobrar, y también los juicios que se aplazarán. Habrá más criminales que aplaudirán la situación (lo entenderán unas líneas más abajo), y abogados y procuradores que seguirán bailando al borde del colapso. La división sindical se vislumbró como la pócima mágica que acabaría con esta protesta en la que no cabe otra pregunta que la siguiente: ¿pueden los particulares pedir responsabilidades por este colapso de la Justicia? ¿A quién? La respuesta es sí, aunque no todos los profesionales del derecho coinciden en la visión de este asunto, porque, explican, «al ser funcionarios públicos los que ejercen el derecho a la huelga, la situación se complica». En lo que sí están de acuerdo los expertos es en que la protesta favorece a los imputados en causas penales, ya que con frecuencia se admite la atenuante de «dilaciones indebidas».

Pero volvamos a la idea inicial. ¿Qué se puede reclamar y a quién? Se puede reclamar a la Administración la responsabilidad patrimonial, si está acreditada la antijuridicidad (incumplimiento de servicios mínimos, por ejemplo) o la desaparición de la tutela judicial efectiva. Este derecho está recogido en el artículo 106.2 de la Constitución. La Xunta, en este caso, a su vez puede exigir responsabilidad a su personal, pero siempre que hubiese dolo, culpa o negligencia, previa instrucción de procedimiento (Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 36.3). Sin embargo, poniendo los pies sobre la tierra, la Administración no irá contra sus trabajadores.

Al menos, «no lo suelen hacer», explica Augusto Pérez Cepeda, decano del Colegio de Abogados de A Coruña, quien precisa: «En realidad, en la Administración no existe el despido; como mucho, se abre un expediente que, eso sí, puede acabar en expulsión». Cepeda no descarta que en pocos días comiencen las reclamaciones de particulares. Lo podría hacer, por ejemplo, aquel que no se haya podido casar. Tendría que demostrar el coste de los traslados (si los hubiera), la potencial indemnización al restaurante donde fuese a celebrar el convite, etcétera.

Usted podría preguntarse por qué no se resuelve este conflicto, como el provocado por una huelga de los controladores aéreos en el 2010, cuando el Gobierno decidió cerrar el espacio aéreo, por qué no se obliga a iniciar un proceso de arbitraje forzoso. Porque lo que piden los funcionarios de Justicia, subraya el decano, es un incremento salarial, lo que se considera un tema dependiente y reservado a la ley y, por lo tanto, ni la mediación ni el arbitraje serían procedimientos válidos. ¿Quiere esto decir que, en la práctica, los funcionarios pueden seguir más tiempo en huelga sin que pase nada? Sí. Sería necesario un cambio de la ley para que los administrados dejen de ser rehenes.

Hasta el momento, los huelguistas han rechazado la siguiente oferta: 140 euros más al mes los forenses, 135 los gestores, 127 los tramitadores y 122 para el cuerpo de auxilio (el 50 % del incremento lo recibirían este año); estar por encima de la media salarial de determinadas autonomías, nuevas medidas de conciliación y los funcionarios de violencia sobre la mujer con 75 diligencias, derecho a un complemento de 50 euros al mes. No está mal. Acuérdense ustedes de que tienen un trabajo intocable y 30 días de vacaciones, además de los moscosos, que también son vacaciones.

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