La nueva ley de contratos paraliza por completo la obra pública en Galicia

Las dudas sobre las limitaciones del nuevo texto provocan que no se haya licitado nada desde el 9 de marzo


REDACCIÓN / LA VOZ

El sector de la construcción de obra pública en Galicia se muestra muy preocupado por la evolución de los datos de contratación desde la entrada en vigor el pasado 9 de marzo de la nueva ley de contratos del sector público. «Era una norma concebida para dar mayor transparencia al sector, fomentar y agilizar las contrataciones y mejorar las relaciones entre los constructores y las Administraciones, pero la única realidad es que todo está paralizado desde ese día. Las licitaciones públicas se cuentan con los dedos de una mano en los últimos dos meses», denuncia Diego Vázquez Reino, presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco).

PRIMER TRIMESTRE FRENÉTICO

Más de 300 millones. Hasta el 9 de marzo, todas las Administraciones intentaron sacar adelante con los viejos pliegos la mayor cantidad de obras posibles. Así, el importe licitado para evitar la nueva legislación superó los 300 millones, según los datos del sector, casi la mitad del total adjudicado en el 2017. Desde entonces, no hay apenas actividad. «Los secretarios e interventores no acaban de consensuar un pliego porque la ley es demasiado interpretativa y lo que nos tememos es que aprovechen esa laxitud para poner en marcha un proceso idéntico al anterior, en el que el único criterio sea el precio y no se preocupen de la calidad técnica de los proyectos», denuncian.

ADJUDICACIONES DIRECTAS

Más del 55 % de los trabajos se hicieron sin concurso público. Uno de los objetivos de la nueva legislación es facilitar la libre concurrencia de empresas a los concursos, reduciendo los criterios subjetivos y apostando por la calidad. Sin embargo, los antecedentes no invitan al optimismo. De las 1.756 obras contabilizadas en el 2017 en Galicia, el 24 % (427 obras) corresponden a concursos con diferentes criterios; el 21 % (363 obras) a subastas y el 55 % (966) son contratas directas o procedimientos negociados. Con la nueva normativa en la mano, esas 966 actuaciones tendrían que tramitarse con los mismos plazos y exigencias que el resto de actuaciones. Resolver la carga burocrática será otro de los retos que las entidades licitadoras tendrán que superar en los próximos meses. «La ley presenta demasiadas lagunas interpretativas que hacen que las decisiones dependan de algunos funcionarios, y eso genera desigualdad», advierten los empresarios. 

Las bajas se disparan y las Administraciones «ahorran» un 32 % de sus fondos

Una de las principales quejas de los constructores hacia las Administraciones radica en la forma de relación entre ambos. Los empresarios denuncian que los organismos públicos licitadores se han quedado con más dinero en la caja que nunca. Según las cuentas de Apecco, ese volumen es de unos 269 millones de euros, lo que supone un 32 % del total de la inversión licitada. En relación con los dos últimos años, el porcentaje de baja sigue empeorando significativamente: en el 2016 fue del 27,4 %, en el 2015 hubo un 23,4 % y en el 2014 se estableció en el 20,7 %. El porcentaje medio que se pierde en las diferentes Administraciones públicas en el 2017 quedó así en un 38 % en la Administración central, un 21% en la Xunta y un 23 % en la Administración local, aunque el récord absoluto de una entidad licitadora se lo llevó la Diputación de A Coruña, con un porcentaje que roza el 40 %.

«A veces los políticos prefieren el titular fácil del ahorro en una licitación, pero les ocultan a los administrados que quienes en realidad pagan las consecuencias son ellos mismos. Las licitaciones tienen que ser justas y no se pueden primar criterios disparatados con contratos que son imposibles de llevar a cabo. Estamos viendo obras públicas mal acabadas, empresas que renuncian a ejecutar encargos y licitaciones desiertas. Lo que nunca pensamos», se lamenta un veterano constructor. 

Peligro con las temerarias

Las quejas del sector van más allá. «En una baja temeraria sufre el empleo, porque es imposible pagar salarios dignos y estables para defender un presupuesto que ha sido recortado a veces en más de un tercio. Y peligran las propias empresas, porque a la escasez de dinero hay que sumar los retrasos en los pagos. Muchos han tenido que cerrar y con ellos caen también los subcontratistas y toda la cadena de producción. Es la tormenta perfecta para acabar con el sector», explica otro empresario sobre la dinámica de bajas temerarias que algunas Administraciones amparan con su tolerancia y falta de supervisión y control sobre el proceso.

En los últimos meses, Apecco y los principales sindicatos han mantenido reuniones de trabajo para consensuar sus posiciones y trasladarlas a las Administraciones. «Ojalá nos escuchen, porque será bueno para las empresas, los trabajadores y los licitadores», dicen desde la patronal.

Más amenazas tras el ligero repunte del 2017

La parálisis de los últimos meses ha frenado el espejismo de la recuperación que los más optimistas empezaban a visualizar tras el cierre de los datos del 2017 por parte de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco). El pasado ejercicio fue el primero desde el inicio de la crisis (2009-10) en el que las cifras de inversión de las Administraciones subieron. Y lo hicieron de forma considerable, pasando de los 336 millones adjudicados en el 2016 a los 577 del pasado ejercicio en las 1.756 actuaciones contabilizadas en Galicia.

La Administración central, con 307 millones, fue el motor de esa recuperación, ya que multiplicó casi por cuatro sus actuaciones del 2016 (84 millones, en un ejercicio marcado por la parálisis de la falta de Gobierno en España). La Xunta se movió en parámetros similares a los del año anterior (124 millones en el 2017 frente a los 130 del anterior) y los ayuntamientos y diputaciones también incrementaron sus licitaciones hasta los 146, que son 24 más que un año antes. 

En el ránking de empresas, dos UTE gallegas, OCA-Copisa, y Copasa-Ogmios, lideran por primera vez la clasificación. Ogmios es también la tercera más reclamada por la Xunta (siete obras por valor de 5,1 millones), por detrás de Covsa y Taboada y Ramos (13,6 millones en un único contrato) y Arias Infraestructuras (5,1 millones en siete contratos). Arias es, sin embargo, la que más dinero se embolsa de las Administraciones locales: 11,9 millones en ocho adjudicaciones.

«La falta de personal cualificado empieza a ser muy acuciante»

 

Por primera vez en los casi tres años que lleva como presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco), Diego Vázquez Reino (A Coruña, 1974) puede presentar unos números que mejoran el ejercicio anterior en el sector. El repunte económico y la resurrección del sector privado hacen que las cuentas de las empresas constructoras empiecen a mejorar. Pero en el horizonte asoma el problema del relevo generacional. «Tenemos que volver a atraer a los jóvenes. La construcción ha dejado de captar mano de obra y empezamos a tener un problema: la falta de personal cualificado empieza a ser muy acuciante», dice.

-¿Cuál es su lectura de la situación del sector?

-Empezamos a ver alguna luz al final del túnel de esta larguísima crisis. Las adjudicaciones han subido por primera vez en los últimos años, pero el problema es que las Administraciones contratan a impulsos. Falta regularidad, que es lo que nos permitiría contar con empleos más estables y sostenibles.

-¿Ha quedado atrás la crisis?

-Ojalá pudiésemos ser tan optimistas. El sector público tiene un comportamiento irregular. Nuestra recuperación se asienta en el sector privado, que empieza a dar síntomas de reactivación. La actividad industrial se recupera y han empezado a moverse muchos polígonos industriales, y en el segundo semestre del año prevemos que también se empiece a activar el sector eólico.

-¿Cuáles son sus amenazas?

-Como sector que aporta una parte importante del PIB gallego nos gustaría trasladarles a nuestros políticos que su apuesta por las bajas, que algunos nos venden como un ahorro, pone en peligro miles de empleos y la supervivencia de muchas empresas. En el 2017 se han batido récords, con una baja media que ha pasado del 20 al 32 %. Y algunas instituciones, como la Diputación de A Coruña, han superado incluso el 40 %. Solo la Xunta se mantiene ajena a esas subastas sin sentido, haciendo prevalecer otros criterios que garantizan la calidad de los trabajos.

-¿No ha servido de nada la nueva ley de contratos?

-De momento solo podemos decir que ha paralizado el sector. La mayoría de las Administraciones apuraron para ejecutar sus actuaciones antes de la entrada en vigor de la nueva normativa y hasta el 9 de marzo hubo un alto número de licitaciones, pero desde entonces el sector público está prácticamente paralizado.

-¿Por qué?

-Porque nos tememos que la nueva ley de contratos va camino de convertirse en otra oportunidad perdida. Es cierto que la filosofía de primar la selección de la mejor relación calidad-precio sería lo ideal, pero el reglamento es demasiado interpretativo y algunos funcionarios y políticos se están acogiendo a esa falta de precisión para seguir apostando por concursos donde el principal criterio es el precio y que se traducen en problemas tanto para los adjudicatarios como para las empresas.

-¿Y el sector residencial?

-Dentro de esa recuperación del sector, nuestros interlocutores en el mundo de la promoción nos dicen que hay un repunte de la demanda. Por ahora, las nuevas promociones se concentran en las áreas periféricas de las grandes ciudades, porque el excesivo intervencionismo de algunos de los ayuntamientos de mayor tamaño impide el desarrollo de nuevos proyectos.

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