«Tuve que dejar de preguntar por desesperación»

Un coruñés tuvo que llamar hasta quince veces al teléfono de información de la Agencia Tributaria


redacción / la voz

«Lo dejé por desesperación». El coruñés Fernando Bocija Sánchez llamó hasta quince veces al teléfono de información que la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes para resolver dudas antes de formalizar la declaración de la renta.

Necesitaba que los técnicos de Hacienda le aclarasen si podía volver a incorporar, después de unos años sin hacerlo, un préstamo hipotecario que tiene suscrito con su mujer. La diferencia de añadirlo o no, relata Bocija, supone que la devolución que le reporta poner al día sus obligaciones fiscales «casi dobla la cuantía, de 582 a 1.100 euros».

Y no solo eso, este técnico informático teme algo peor. Que en el caso de que no dé con la opción adecuada la Administración tributaria le sancione con multas e intereses con los que se penalizan las declaraciones que no están bien resueltas.

«Cuando planteo mis preguntas a la operadora que atiende mi llamada, surgen muchos problemas. Siempre la misma respuesta, la persona que me atiende me contesta que lo va a consultar para que puedan aclarar mis dudas y después de un tiempo de espera, que suele prolongarse entre tres y cuatro minutos, la comunicación se corta, sin más. Y siempre así».

Al final, asegura Fernando Bocija, no le queda otra más que «pagar por el servicio o hacerlo vía presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria» cuando Hacienda ha ampliado la disposición de canales on-line para agilizar estos trámites.

«Se supone que estos servicios están para dar respuestas, pero desde luego no cumplen con su función», matiza este coruñés, que desde los últimos cinco años cumplimenta sus obligaciones fiscales mediante certificados electrónico en la web, «un servicio muy cómodo», asegura.

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«Mis problemas con la Administración». Desde consultas que no se responden durante meses hasta cruce de cartas para reclamaciones menores o esperas por servicios básicos, los gallegos siguen sufriendo la burocracia. Estos son algunos de los casos llegados al buzón de La Voz.

Reconoce que su relación con la Administración, con Hacienda en concreto, es como la de casi todos los autónomos: «De miedo en cuanto nos llega una carta». Agustín Fernández Ochoa, diseñador gráfico, docente y fotógrafo vigués, atesora epígrafes profesionales en su clasificación administrativa para tratar de justificar al pie de la ley cuanto ingreso y gasto registra. «He llegado a recibir cartas de varias páginas para reclamarme apenas céntimos en alguna liquidación», lamenta, para añadir que no encuentra empatía alguna en la Administración. «El trato es absolutamente desigual y la prueba de cargo corre siempre por cuenta del administrado», asegura.

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Antonio -el nombre es ficticio a petición suya- se plantea llevar a los tribunales al Ayuntamiento de A Coruña, aunque duda de que valga la pena. Es un vecino de las inmediaciones de Betanzos, jubilado y que se ayuda de un bastón para caminar. En enero del 2017 heredó una vivienda en la coruñesa avenida de la Gaiteira. Pagó al Ayuntamiento casi 340 euros por el impuesto de la plusvalía. El Constitucional anuló ese tributo en varios supuestos, uno de los cuales afectaría a su vivienda. Desde entonces viajó otras cuatro veces a A Coruña para presentar escritos exigiendo la devolución o interesarse por esa reclamación. Pero no le han hecho caso alguno, se lamenta. Critica que al administrado «siempre le ponen plazos», pero la «Administración parece que no tiene ninguno, no responde a nada». «No me han dado nunca una contestación clara», afirma. Llegaron a decirle que el Ayuntamiento «está a la espera de que Montoro firme el decreto», pero él recuerda que las sentencias son de «obligado cumplimiento» y se pregunta «a qué decreto se refieren». «Juegan con nuestro dinero», afirma, y se lamenta: «Nos tratan de tontos con respuestas como la que me dieron a mí, pero nos acordaremos en las próximas elecciones, cada ciudadano es un voto».

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