El Pacto de Toledo estudia otra reforma, mientras que Suecia, Holanda o Gran Bretaña encarnan modelos diferentes
15 abr 2018 . Actualizado a las 12:58 h.Pensionistas de toda España, convocados por CC. OO. y UGT, tienen previsto tomar de nuevo hoy las calles del país para reclamar unas prestaciones dignas. La exigua subida del 0,25 % -el mínimo que establece la ley desde la última reforma del sistema, y la baja revalorización que el colectivo recibe desde hace un lustro- ha sido la chispa que ha prendido la mecha de un descontento social que el Ejecutivo pretende calmar con el anuncio de subidas añadidas (entre el 1 % y el 3 % a las pensiones más bajas) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ahora en tramitación en el Congreso, pero con dudas más que razonables de que finalmente logren salir adelante.
Paralelamente, el Gobierno ha fiado a un Pacto de Toledo -lento e inoperante hasta el momento, profundamente dividido y que esta semana suspendió la reunión que tenía prevista- la elaboración de propuestas para reformar el sistema de la Seguridad Social y garantizar la sostenibilidad futura de las pensiones, acuciado por la demografía y el descuadre entre ingresos y gastos.
Esta semana, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) celebró unas jornadas en las que analizó algunas de las experiencias internacionales, poniendo sobre la mesa los diferentes modelos que países vecinos aplican para cubrir las prestaciones de sus jubilados, entre ellos, los que -como los de Suecia, Holanda o Gran Bretaña- complementan las pensiones públicas con aportaciones privadas.
SUECIA
El paraíso al que mirar. Cuando se habla de El Dorado de las pensiones, se piensa en Suecia, uno de los mejores lugares para jubilarse. Se basa en un sistema de capitalización -tras la reforma del 2001- en el que cada trabajador percibe lo que ha cotizado durante su vida laboral (si no se alcanza un mínimo, se activa una pensión pública complementaria). Son las bautizadas como cuentas nocionales o individuales, que cada vez más voces expertas plantean que se apliquen en España (con adaptaciones, ya que sin ellas supondrían una caída media del 15 % en la pensión).
El Estado contabiliza las aportaciones, tanto de empleadores como de trabajadores, y les informa de los fondos acumulados para su retiro. El Ministerio de Empleo quiso copiar esta iniciativa (quedó recogida en la ley de reforma de la Seguridad Social del 2011), pero nunca llegó a ponerla en práctica, como reclaman, entre otros, expertos y la patronal de las empresas de inversión colectiva. Argumentan que tener esta información impulsaría el ahorro privado, al constatar la insuficiencia de la pensión pública futura para mantener su nivel de vida actual.
HOLANDA
También ahorro privado. Las pensiones públicas se complementan con aportaciones privadas. Se basa en una prestación pública base -equivaldría a un salario mínimo-, a la que no se accede antes de los 67 años, completada, por un lado, con aportaciones de las empresas en nombre de sus trabajadores, a través de planes de pensiones con una fiscalidad ventajosa -trabajadores y empresas pueden sumarse a ellos de forma voluntaria-, y, por otro, por la opción de contratar productos de ahorro con aseguradoras, aunque tienen menos apoyo fiscal. En el sistema holandés, aunque la tasa de sustitución (el porcentaje de pensión que se percibe sobre el último salario) está en torno al 90 % de la última nómina, solo un 30 % es a través de la pensión pública.
GRAN BRETAÑA
Planes de empresa obligatorios. Las pensiones públicas en Gran Bretaña cubren una cuantía básica de forma general. La tasa de reposición en Gran Bretaña es la más baja de la Unión Europea, del 29 % del último salario -en España es del 82 %-, como recordó en las jornadas de Inverco Graham Vidler, director de Asuntos Internacionales de la Asociación Inglesa de Pensiones (LPSA). Pero la pensión pública se complementa con una aportación a un sistema de empleo, en el que la empresa incluye al trabajador de forma automática. De esta fórmula es posible excluirse pidiéndolo expresamente, pero, según los últimos datos disponibles, apenas un 9 % de los trabajadores lo han solicitado, con lo que estos planes privados de pensiones se están extendiendo.
La patronal española de los fondos también es partidaria de implementar aquí un método similar, de modo que todas las empresas -independientemente de su tamaño- tengan un fondo privado para su plantilla. En el caso británico, cubre a casi nueve millones y medio de trabajadores.
Pero la patata caliente de la reforma del sistema -de reparto- en España sigue pasando de mano de mano. Y los jubilados toman las calles, indignados y preocupados a partes iguales.