Apremia por carta a los compradores para que ejecuten los proyectos pendientes
11 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Si hubo algún empresario que adquirió suelo industrial con la intención de especular con él, la Xunta de Galicia no tiene pensado dejárselo fácil. La Consellería de Infraestruturas e Vivenda ha puesto en marcha una estrategia para comprobar si los compradores de terrenos en polígonos empresariales gallegos han ejecutado los proyectos a los que se habían comprometido inicialmente. En el caso de que, efectivamente, la Administración constate que esas parcelas siguen sin actividad, el Gobierno autonómico aplicaría el contrato para recuperarlas y ponerlas de nuevo en el mercado.
Según precisa la consellería, se están enviando cartas a las empresas adjudicatarias de terrenos vendidos directamente por el Instituto Galego de Vivenda e Solo o a través de la sociedad Xestur que no fueron edificados en los plazos establecidos y sobre los que no se dispone de datos. Esos requerimientos de información se han remitido a todos los compradores que están en esa situación, tanto si las parcelas fueron adjudicadas con bonificación como si no recibieron ningún tipo de ayuda para la adquisición.
En todo caso, el departamento autonómico matiza que actuará con especial interés en relación con las parcelas con precios bonificados. Se da la circunstancia de que, para hacer más atractiva la compra de suelo industrial en la crisis, la Xunta estableció ayudas que rebajaban el coste del metro cuadrado en un 30 o incluso en un 50 %, dependiendo del polígono industrial. «Unha vez realizadas as comprobacións necesarias, requirirase aos adxudicatarios das parcelas bonificadas, que dispoñen dun prazo de tres anos desde a sinatura das escrituras para edificar as súas instalacións e obter a licenza de actividade», explica la consellería, que precisa que ese plazo comenzará a vencer este mismo año, puesto que los primeros terrenos con este tipo de ayudas se adjudicaron en el 2015.
De hecho, esas bonificaciones siguen existiendo y la sociedad Xestur informó recientemente de las últimas ventas siguiendo ese sistema, que beneficiaron a compradores de suelo en los polígonos de Bértoa, A Sionlla y Melide (en la provincia de A Coruña) y en As Gándaras (Lugo), así como en el de Pereiro de Aguiar y en la central de transportes de San Cibrao das Viñas (Ourense). Los adjudicatarios de terrenos se hicieron con 67.800 metros cuadrados y pagaron poco más de tres millones de euros. Se ahorraron, gracias a las bonificaciones, 2,6 millones de euros.
Planificación
La Xunta quiere que esas ayudas sirvan para generar actividad económica, y ese es uno de los motivos por los que el Gobierno autonómico requerirá a los adjudicatarios del suelo para que cumplan sus compromisos. Además, clarificar la situación de aquellos terrenos en los que no se ejecutaron los proyectos previstos servirá también para planificar mejor las inversiones de la Administración en lo que se refiere al desarrollo de nuevo suelo industrial.
Según explican en la Consellería de Infraestruturas, en esta estrategia de comprobación prestará «especial atención á situación de parcelas nos parques empresariais onde xa non hai solo dispoñible para a venda». Lo hacen porque «non é oportuno realizar novos investimentos na ampliación de parques empresariais mentres existan parcelas sen uso».
Los empresarios reciben la medida con división de opiniones
La decisión de la Xunta de Galicia de requerir a los compradores de suelo industrial para que ejecuten los proyectos previstos ha sido acogida con división de opiniones entre los empresarios. El presidente de la asociación que aglutina a los del polígono ourensano de San Cibrao das Viñas, Elías Mera, se mostró satisfecho con la medida adoptada por el Gobierno autonómico. «Me parece lógico. Si compraron para construir, que realicen las obras», dice el empresario, que explica que al polígono le interesa «cuanta más actividad mejor», algo a lo que no contribuyen las parcelas que siguen vacías pese a tener dueño «Si así se consigue que tengan actividad, a nosotros nos parece perfecto», resume.
Eduardo Cid, presidente de la asociación de empresarios del polígono de Pereiro de Aguiar, también en Ourense, entiende que la Xunta «está en su derecho» de hacer cumplir los contratos firmados en su día para la adjudicación de los terrenos, pero pide diálogo a las partes. Aunque asegura que en su parque empresarial la mayor parte de las parcelas vendidas tienen ya actividad, si hay alguna excepción esta no se debe a un interés del comprador por especular con esas propiedades. «Seguramente las compraron con mucho esfuerzo, pero apareció la crisis y las previsiones que tenían no se pudieron cumplir, pero es por algo ajeno a la voluntad de la gente», dice Cid.
La solución en estos casos es, a juicio del presidente de la asociación de empresarios del polígono de Pereiro de Aguiar, «sentarse a hablar y ver cómo se soluciona», antes que tomar medidas drásticas.