La JUR descarta que los inversores del Popular reciban compensaciones por su liquidación
ECONOMÍA
Los 305.000 accionistas afectados esperan que se hagan públicas las conclusiones del informe final de Deloitte
05 abr 2018 . Actualizado a las 19:31 h.¿Qué posibilidades tienen los inversores del Banco Popular de recibir compensaciones? Muy pocas, según reveló esta mañana la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König. La alemana aseguró que es «altamente improbable» que los accionistas y acreedores puedan ser indemnizados tras la liquidación precipitada de la entidad en junio del 2017. Todo dependerá de las conclusiones que arroje el informe final de la auditora estadounidense Deloitte, que podría llegar «en las próximas semanas o meses», según König. Una primera versión censurada del documento fue publicada el pasado mes de febrero. En ese análisis se admitía que el agujero del banco podía ascender en el mejor de los casos a unos 2.000 millones de euros, y en el peor a los 8.200. Pero también contemplaba un escenario positivo en la balanza del banco de 1.300 millones.
Para los afectados, la información cedida entonces por la entidad independiente es insuficiente para determinar si hubiera sido menos costoso para los inversores una resolución bancaria bajo normas nacionales de insolvencia. Cerca de 305.000 afectados (60.000 gallegos) que perdieron sus inversiones esperan las conclusiones finales de Deloitte para apoyar, en muchos casos, las causas judiciales en curso. «Si se confirma ese escenario, tendrían derecho a ser compensados por el Fondo Único de Resolución», aseguró la presidenta de la JUR antes de defender la actuación de las instituciones encargadas de la ejecución del banco tomando como referencia la información disponible en el momento en el que se decidió pasar al Popular por la guillotina.
El proceso de resolución concluyó con la venta de la entidad al Banco Santander por un euro. La operación sigue a día de hoy revestida de sospechas. Tanto es así que algunos fondos de inversión como Pimco y Anchorage han decidido acudir a la justicia estadounidense para forzar al nuevo propietario a desclasificar información sobre el proceso de compra del Popular. Una maniobra que la JUR se niega a comentar, al menos hasta que Deloitte ponga el broche al informe que sigue cocinando a fuego lento en sus cuarteles, escondido de la luz pública.