Las solicitudes para aplazar el pago de impuestos a la Xunta retroceden a niveles precrisis

Facenda autorizó casos por importe de 14,5 millones, la cantidad más baja desde el año 2009

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santiago / la voz

El último balance actualizado por la Axencia Tributaria Galega (Atriga) muestra que durante el pasado año 2017 un total de 2.109 contribuyentes gallegos se acogieron a la posibilidad de aplazar o fraccionar el pago de impuestos a Facenda. Esta cifra representa un descenso de casi un 10 % respecto a las solicitudes presentadas en el 2016, una caída que tiene que ver, en gran medida, con la mejora de la situación económica, que hace que cada vez haya menos ciudadanos con dificultades para afrontar sus obligaciones tributarias.

De hecho, el importe de las operaciones de aplazamiento autorizadas por la Administración autonómica se situó en 14,5 millones de euros el año pasado, un 41 % menos que en el 2015, ejercicio que marca la recuperación. Si se tiene en cuenta todo el balance de la última década, el importe está en niveles precrisis.

La Xunta amplió el límite en el 2016 para que los contribuyentes solicitasen el aplazamiento o fraccionamiento de un impuesto sin tener que presentar garantía, un cambio que, según Facenda, tenía por objetivo facilitar el pago de las deudas tributarias y dotar de más liquidez a las familias.

La cantidad pasó de 18.000 a 30.000 euros. Es decir, que los contribuyentes con deudas fiscales inferiores a esta cantidad podían acogerse a esta modalidad de pago sin la necesidad de tener que presentar un aval. Y con independencia de que se encontrasen en período voluntario o en período ejecutivo de pago.

Mejoría económica

El contribuyente al que se le concede un aplazamiento o fraccionamiento tiene que abonar además intereses de demora. Estos son fijados por el Estado para todas las Administraciones, y en la actualidad se encuentran en el 3,75 %.

Pese a que a largo plazo resulta más caro, en los años más duros de la crisis esta fue una de las alternativas a la que recurrieron cientos de contribuyentes para cumplir con sus obligaciones.

El importe de las operaciones de aplazamiento o fraccionamiento autorizadas por Facenda en el 2011, uno de los años más duros, fue de 29,9 millones de euros, es decir, más del doble que en el 2017, según el último dato autorizado por la Atriga.

La posibilidad de recurrir a estas alternativas afecta al pago de todas las deudas que son gestionadas por la Axencia Tributaria de Galicia. Esto incluye los tributos propios, las tasas y todos los ingresos de derecho público no tributarios: multas, sanciones o reintegro de subvenciones. Desde el 2009, la Administración tributaria gallega viene concediendo aplazamientos y fraccionamientos de impuestos por un importe medio anual de 24,6 millones de euros.

Esto supone duplicar los aplazamientos concedidos entre los años 2005 y 2008, cuando el importe medio anual era de 10,2 millones. La cifra se sitúa ahora en los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria.

La Administración gallega ingresó el pasado año 571,1 millones por el cobro de los impuestos autonómicos. Esta cantidad es casi un 5 % superior en relación con el 2016, un incremento que llama la atención en un contexto de bajada de impuestos, sobre todo del de sucesiones. Esta aparente paradoja se explica por los resultados del plan especial de lucha contra el fraude, que permitió que afloraran 32,2 millones.

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