La Justicia obliga a Hacienda a indemnizar a una firma gallega acusada de hacer facturas falsas

La Voz G. L. REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

La Agencia Tributaria le impuso una sanción superior a los 648.000 euros

22 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Hacienda a indemnizar con 6.000 euros a una empresa de Lugo a la que, tras una actuación inspectora, la Agencia Tributaria le impuso en mayo del 2011 una sanción de más de 648.000 euros, al entender el fisco que había emitido facturas falsas a varias compañías del sector de la construcción para las que trabajaba.

La sanción fue anulada tres años más tarde por el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Galicia por una cuestión de forma, ya que el procedimiento de comprobación empleado por el fisco no podía servir de base para el procedimiento sancionador con que finalizó. Por ello, la empresa decidió llevar el caso a la Justicia, con una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración, a la que reclamaba que le abonase los gastos de defensa legal que le había ocasionado el proceso en sus distintas fases y que cifraba en algo más de 55.000 euros.

En su sentencia, dictada hace pocos días, la Audiencia Nacional admite que en la actuación de la inspección de Hacienda en este caso «no se ha respetado el procedimiento», por lo que entiende que la Administración debe resarcir a la empresa por los daños causados, por lo que le concede una indemnización limitada, de 6.000 euros.

Desde el despacho Pin y Del Pino Abogados, que se ocupó tanto del recurso contra la sanción como de la reclamación por responsabilidad patrimonial, explican que el procedimiento sancionador luego anulado deriva de una inspección previa realizada a una empresa que contrataba sus servicios. A esta se le impusieron también varias sanciones, por sociedades e IVA, por un importe total de 6,5 millones de euros, que fueron anuladas en su caso por el Tribunal Económico-Administrativo Central. Posteriormente, se inició también una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración.