Más de 300.000 pensionistas gallegos viven por debajo del umbral de la pobreza

Los que cobran prestaciones por orfandad o viudedad son los que pasan más apuros


Redacción / La Voz

Contar con un ingreso mensual garantizado no es sinónimo de vivir sin preocupaciones. Que se lo digan a los más de tres millones de pensionistas que, según los cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), viven por debajo del umbral de la pobreza. Que es lo mismo que decir que uno de cada tres dependientes de las prestaciones de la Seguridad Social no llegan, entre todas sus pensiones -aunque lo habitual es percibir solo una, hay quien compatibiliza dos, especialmente jubilación y viudedad-, a los 8.208 euros brutos anuales.

La cifra no es caprichosa. Corresponde con el 60 % de la renta mediana en el país, que es el listón que fijan en la oficina estadística comunitaria (Eurostat) y en otros organismos como la OCDE para medir el riesgo de pobreza en un país.

En España, se calcula que hay algo más de diez millones de personas que viven con menos de ese dinero al año (que, prorrateado en doce pagas, vendrían a ser 684 euros al mes). De ellos, un tercio (3.148.528) son pensionistas. Con estos datos, publicados en la víspera de las manifestaciones convocadas hoy en todo el país, Gestha quiere «poner de relieve la urgente necesidad de incrementar las pensiones mínimas». Una subida, que también afectaría a las pagas de viudedad, a la que abrió la puerta el presidente del Gobierno en el pleno monográfico celebrado esta semana en el Congreso, aunque la supeditó a la aprobación de los Presupuestos.

En Galicia, casi el 40 %

Para su estudio, los técnicos de Hacienda emplean la Estadística de mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias de la Agencia Tributaria, correspondiente al ejercicio 2016 (el último del que hay datos cerrados), que muestra que la situación difiere bastante entre comunidades autónomas. Así, Galicia, donde casi cuatro de cada diez pensionistas se sitúan por debajo del umbral de la pobreza (39,2 %), es la segunda comunidad con una tasa más elevada, solo superada por Canarias (40,5 %), cifras que casi duplican las que se dan en regiones como Asturias (23,8 %), Aragón o Madrid (ambas por debajo del 27 %). Una diferencia que tiene mucho que ver con la radiografía de los pensionistas de cada comunidad, sus vidas laborales (años trabajados y salarios) y los regímenes de cotización.

En Gestha llaman también la atención sobre el «agravante de género». Y es que, del total de pensionistas en riesgo de pobreza, seis de cada diez son mujeres, que ven cómo la brecha salarial que sufren mientras están en activo se perpetúa después del retiro (además de cobrar menos por su trabajo, suelen tener más lagunas de cotización en sus vidas laborales, penalizadas en muchas ocasiones por la maternidad).

El estudio de Gestha va en la línea de otro publicado antes por el sindicato UGT, que hace hincapié en el mayor riesgo de pobreza asociado a ciertas prestaciones. Especialmente a las de muerte y supervivencia, ya que el 86 % de los perceptores de una paga por orfandad y el 69 % de las viudas se sitúan por debajo del umbral de los 8.200 euros anuales que se considera necesario para vivir en unas condiciones mínimamente dignas.

Quitar beneficios fiscales

Pero, ¿cómo revalorizar las pensiones en un momento en el que la Seguridad Social tiene un déficit anual de casi 19.000 millones? Para Gestha, una solución podría estar en recortar los beneficios fiscales de los planes de pensiones privados. José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, recuerda que cada año el Estado deja de recaudar 1.990 millones en el IRPF por las bonificaciones a las aportaciones a estos vehículos de ahorro para la jubilación, que «benefician mayoritariamente a quienes ganan más de 60.000 euros». Teniendo en cuenta la cifra, dice, «no se entiende la falta de voluntad política para acordar financiar con impuestos las pensiones no contributivas y equilibrar el presupuesto de la Seguridad Social, y así poder revalorizar las pensiones con el IPC y mantener su poder adquisitivo».

Los trabajadores también perdieron poder adquisitivo en el 2017, ya que el IPC cuadruplicó la subida salarial media

D. V.

Los trabajadores españoles volvieron a perder poder adquisitivo en el 2017. En concreto, los salarios aumentaron un 0,5 % interanual en el cuarto trimestre del año pasado, hasta situarse en los 2.020,14 euros brutos al mes, mientras que la inflación media durante el ejercicio fue del 2 %, cuatro veces más. Así se desprende de la encuesta de costes laborales publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística, que pone de manifiesto que la política de moderación salarial impuesta por las empresas tras la crisis sigue vigente.

Hay que tener en cuenta que el coste salarial incluye más conceptos que el sueldo base, como complementos, horas extraordinarias, pagas extras y otros pagos atrasados. Es decir, conceptos que engordan la nómina pero que muchos trabajadores no disfrutan. Por eso, si se excluye el factor variable, el coste salarial ordinario se reduce a 1.641,91 euros al mes y su incremento se modera al 0,3 %. Dicho de otra forma, el sueldo ordinario sufrió una mayor pérdida de poder de compra.

Donde según los datos del INE no hubo pérdida de poder adquisitivo fue en Galicia. Y es que la estadística oficial asegura que el salario medio en la comunidad se incrementó un 3,8 % el año pasado, casi el doble de lo que aumentaron los precios.

Al contrario de lo que sucede en el resto del país, donde los trabajadores del sector servicios son los que menos alegrías vieron en sus nóminas, en Galicia el sueldo medio en las empresas del sector terciario se elevó un 4,6 %, frente al incremento del 3,4 % para los asalariados de la construcción y el 1,6 % en las empresas industriales.

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