El Gobierno interrumpió este año 34 veces el suministro a empresas como Alcoa
15 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Y, de repente, 23 años y miles de millones después, el servicio de interrumpibilidad, creado en 1995, tiene al fin una misión en la vida: mantener a raya el precio de la electricidad. Un objetivo bien útil. La cosa es que ese servicio lo prestan las industrias intensivas que precisan mucha energía para llevar a cabo sus procesos productivos. Como Alcoa. A cambio de incentivos públicos, las fábricas se prestan a sufrir apagones programados para que baje el consumo en todo el país. Cuando se diseñó el mecanismo, esa era la manera de garantizar el suministro eléctrico nacional, porque el parque de generación no era tan amplio como ahora.
Durante 23 años, las empresas prestaron un servicio al que apenas fue preciso recurrir. En el 2016, Red Eléctrica reconocía que la última vez que se había activado había sido en el 2001. Y la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia criticó abiertamente el sistema con un informe en el que venía a acusar al Gobierno de repartir alrededor de 500 millones al año entre las industrias básicamente a cambio de nada. Por todo esto y por los sustos que dio el mercado eléctrico, en especial el año pasado, el Ministerio de Energía decidió añadir al servicio un criterio económico. Quiere esto decir que cuando el precio del megavatio hora alcanza un techo (no en el mercado mayorista, sino en uno de ajustes, que es para imprevistos) se activa automáticamente la interrumpibilidad. No es así de simple, pero más o menos ocurre algo parecido.
Ese cambio ha provocado un aluvión de apagones controlados en las industrias. Desde el 1 de enero se han producido 34, según el dato facilitado hace unos días por la asociación de empresas con gran consumo de energía (AEGE). Solo Alcoa ha sufrido 21, siete en cada una de sus plantas: A Coruña, San Cibrao y Avilés, tal y como confirmó la multinacional.
Cuando salta el resorte económico, los apagones van por turnos aleatorios entre las empresas que prestan el servicio, según las nuevas condiciones del mecanismo. La interrupción del suministro se produce sin previo aviso y dura una hora.
Fuentes de Alcoa evitaron quejarse de la sucesión de apagones -que alteran la rutina de producción de las fábricas y tienen sus costes- y resaltaron que forman parte de un contrato que tienen firmado con el Gobierno.
El dinero que reciben las industrias a cambio de estar disponibles para sufrir esos apagones les garantiza un precio de la energía competitivo y en línea con el resto de los países europeos, de ahí que el sector defienda con uñas y dientes ese mecanismo.
Energía endurece las subastas
A partir del 2015, los incentivos por la prestación del servicio de interrumpibilidad se adjudican mediante una subasta anual en la que las empresas compiten en precio para hacerse con bloques de megavatios que están bonificados. Hasta ahora se sacaban bloques de 5 y de 90 megavatios. Estos últimos se los llevaban industrias del tamaño de Alcoa. Pero en la reforma del mecanismo que planea el Gobierno -para convencer a Bruselas de que se trata de un sistema competitivo y no de ayudas de Estado- desaparecen los de 90 y son sustituidos por otros más pequeños, de 40. Este cambio perjudica a la multinacional, porque tendrá que hacerse con más bloques para mantener los mismos incentivos.
Fuentes de Alcoa confían en que el Gobierno reconozca su «contribución a reducir el precio de la electricidad» e incremente el número de bloques a subastar.