La normativa ya en vigor prioriza las ofertas con mejor relación calidad-precio, no las más baratas
10 mar 2018 . Actualizado a las 20:16 h.Cuatro meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la nueva Ley de Contratos del Sector Público entró ayer en vigor, introduciendo cambios sustanciales, impuestos por la Unión Europea, que buscan facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a las licitaciones pública, un negocio que representa casi un 13 % del PIB español (unos 130.000 millones de euros al año), según los datos del Ministerio de Hacienda, aunque otros estudios elevan la cifra hasta el entorno de los 200.000 millones. Un jugoso pastel al que hasta ahora solo le hincaban el diente las grandes corporaciones: según la Fundación Civio, diez grandes grupos de construcción y servicios se han repartido siete de cada diez euros adjudicados en el BOE desde el 2009 en contratos de obra pública, ya sea a través de ofertas presentadas en solitario o aliada con otras firmas en una UTE.
Estas son las principales novedades de la ley:
Acceso
La ley obliga a dividir los contratos en lotes. La nueva normativa da un giro de 180 grados a la política que se seguía hasta ahora y obliga, siempre que sea posible, a trocear los contratos en lotes más pequeños, con el objetivo de dar acceso a más empresas a las licitaciones públicas. Al rebajar el importe de las licitaciones, las pymes tienen acceso a contratos que antes, por su volumen, no podían abarcar, por falta de medios (humanos y económicos).
transparencia
Puertas de cristal para facilitar el acceso y luchar contra la corrupción. La nueva ley establece como obligatoria la contratación electrónica, una medida con la que se busca dar mayor transparencia a todos los contratos, con independencia de su importe, y acabar con la importante bolsa de corrupción que antes amparaba la opacidad de las adjudicaciones menores y que un informe de Competencia cifraba en 48.000 millones de euros. Además, todos los procedimientos con libre concurrencia deberán ser publicados en la Plataforma de Contratos del Sector Público. En cuanto a las modalidades de contratación, desaparece el procedimiento negociado sin publicidad, y se crea otro que ya se ha bautizado como supersimplificado, con solo diez días para presentar la oferta en caso de obras de valor inferior a los 80.000 euros o de servicios de hasta 35.000.
Ofertas
Se busca la mejor relación calidad-precio, no la propuesta más barata. Si el fraccionamiento de contratos ayuda a las pymes, estas también se ven beneficiadas por el nuevo criterio de adjudicación, que ya no será solo el precio puro y duro. Si hasta ahora se elegía la oferta económicamente más ventajosa, en el que las grandes corporaciones no tenían rival, ahora se establece como criterio de adjudicación la mejor relación calidad-precio. Además, se introducen nuevas cláusulas sociales, que se pueden usar como elemento de desempate entre ofertas que obtengan la misma puntuación. Entre ellas, por ejemplo, el porcentaje de empleados con discapacidad que haya en plantilla. Los contratos públicos deberán incorporar criterios sociales y medioambientales relacionados con el objeto del mismo.
Solvencia
Se agilizan los pagos a los contratistas y proveedores. La nueva normativa establece que la Administración estará obligada a pagar las facturas en los 30 días siguientes a que se aprueben las facturas o certificaciones de obra, que deberán ser presentadas en el mismo plazo.
Empleo
La subrogación de plantillas, solo cuando obliga la ley. Cambios también de calado para los asalariados que trabajan para la Administración a través de subcontratas. Cuando el servicio que prestan vuelve a salir a licitación, ya no se podrá utilizar el pliego de condiciones para forzar la subrogación de la plantilla, sino que esta solo se producirá en aquellos casos en los que es obligatoria, bien porque se cumplen los requisitos legales para ello (por ejemplo, que la nueva adjudicataria se quede también con los medios de producción, como la maquinaria de limpieza urbana), bien porque así lo establece el convenio colectivo del sector en cuestión.
reacciones
Los ayuntamientos gallegos, escépticos. Lo que para los contratistas son avances, genera suspicacias en los ayuntamientos, temerosos de que la nueva ley pueda generar un cuello de botella en los concellos: « Moitas das normas que están a sacar complican as cousas e ralentizan, e incluso ás veces paralizan, á Administración», apunta Alfredo García, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias.