La Liga y Mediapro, dueños de los derechos del fútbol, fueron los que denunciaron el dispositivo WebTV del fundador de Blusens

Los investigados negaron ante el juez que el aparato piratee contenidos y explicaron que solo lleva Internet a la tele


santiago / la voz

La denuncia que motivó la detención del fundador de Blusens, José Ramón García, y de otros dos directivos de la empresa Magna por un presunto delito contra la propiedad intelectual y otro de organización criminal por la venta del dispositivo para televisión WebTV partió de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y de la empresa Mediapro, gestores de los derechos de la competición nacional y de la europea, respectivamente. Alegan ambas entidades que este aparato permitía ver gratuitamente partidos que eran de pago.

Este argumento fue precisamente el que negaron ante el juez de Santiago que instruye la causa tanto García como los otros dos directivos de Magna, firma que heredó de Blusens el WebTV cuando esta última empresa quedó liquidada, y que ha distribuido entre 25.000 y 30.000 de estos aparatos en toda España.

Los denunciados explicaron al magistrado que el WebTV no es, en modo alguno, un decodificador de señal. Es decir, que no piratea ninguna señal de contenidos de pago. Señalaron que simplemente es un dispositivo que da acceso a Internet a cualquier televisor, permitiendo entrar en aplicaciones legales como Google o YouTube, desde las que se puede acceder a todo el contenido audiovisual -películas, series o música- colgado de ellas.

Todos ellos coincidieron en que el WebTV hace que el televisor funcione como si de un teléfono móvil, una tableta o un ordenador se tratase y que cosa distinta es el uso que cada propietario del aparato haya hecho de él a través de aplicaciones privadas que el dispositivo permite desarrollar, pero que no vienen instaladas.

En su informe al juez, la policía también llama la atención sobre la existencia de foros de usuarios en los que unos a otros se daban consejos e instrucciones sobre cómo utilizar el WebTV para tener acceso a todo tipo de contenidos. Un uso del que se han desvinculado los tres investigados.

El terremoto que ha supuesto la detención del conocido empresario compostelano José Ramón García se produce en un momento de gran conflictividad en el mundo del fútbol, ya que la Liga de Fútbol Profesional está pendiente de sacar a concurso la venta de los derechos de emisión televisiva de la competición nacional y el operador actual, Movistar Telefónica, y otros ya han manifestado que no entrarán en la puja por considerar excesivo el precio que se pide.

A nadie se le escapa que una manera de elevar el precio por emitir la Liga o la Champions sería impedir que, como sucede ahora, muchos usuarios tengan acceso gratuito a los partidos gracias a cientos de páginas web.

Los consumidores piden que se devuelva el dinero de los dispositivos de Blusens

x. m.
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Hasta ahora, solo una multinacional líder en la venta por Internet ha accedido a devolverle el importe a sus clientes

La Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) considera que todos los compradores del dispositivo WebTV investigado por un juzgado de Santiago tienen derecho a la devolución del dinero que pagaron por él. Recuerda esta entidad que el aparato quedó inoperativo de un día para otro tras la detención la pasada semana del fundador de la extinta Blusens, José Ramón García, que ahora dirigía otra empresa desde la que desarrolló y puso a la venta este receptor que se publicitaba ofreciendo acceso a «cualquier contenido audiovisual» sin límite y sin cuotas.

Tras el arresto de García y de otras tres personas en Santiago y Jaén, investigadas ahora junto a un quinto implicado en Barcelona -que no fue detenido- por un delito contra la propiedad intelectual y otro de organización criminal, WebTV informó a sus clientes de que sus servidores quedarían inactivos. Para Ucgal, «existe unha falta de conformidade do produto de acordo co establecido na normativa que regula as garantías de bens de consumo», por lo que cabe la devolución del dinero. Por ello, la asociación pedirá la intervención de la Fiscalía, dado que el caso afecta a los intereses económicos de muchos consumidores.

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