El sistema público de pensiones de nuestro país es el protagonista del informe económico publicado por la Comisión Europea
08 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La radiografía económica y social de casi 80 páginas que sobre España publicó este miércoles la Comisión Europea tenía este año un invitado estrella: el sistema público de pensiones. Los jubilados, arropados por toda la oposición, se han apoderado de las calles para denunciar su pérdida de poder adquisitivo y exigir una subida acorde con el IPC. ¿Es posible? Bruselas lo tiene muy claro. «No tiene ningún sentido técnico. Lo interpretamos como parte de un debate político», aseguran de forma tajante fuentes comunitarias conocedoras de primera mano del dosier español.
El Ejecutivo comunitario, como venía haciendo en los informes de años anteriores, ha vuelto a defender las reformas impulsadas por el Gobierno en el 2011 (PSOE) y en el 2013 (PP) porque logran «mitigar los riesgos para la sostenibilidad del país a largo plazo». Según Bruselas, el impacto de estas dos reformas, junto a otras medidas, ha supuesto «un ahorro del 2,4 % del PIB», más de 25.000 millones, que sirven para paliar «el incremento del 1,5 % del PIB» en gastos como el mantenimiento de la atención médica o los cuidados de larga duración. El ahorro, obviamente, se produce porque se gasta menos, y, si se gasta menos habiendo más pensionistas, la conclusión es obvia: «Esto derivará probablemente en pensiones menos generosas», reza el informe. Hay otra frase aún más enigmática cuando se analizan las proyecciones a muy largo plazo: «Habrá un fuerte impacto negativo potencial en los estándares de vida de la población mayor española».