Las jubilaciones anticipadas suben por temor a un nuevo hachazo en la pensión

Gabriel Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

JLCereijido | EFE

Los expertos piden cautela, porque el recorte por el factor de sostenibilidad será muy inferior al coste de adelantar el retiro

03 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

En enero, la Seguridad Social tramitó el alta como pensionistas de 35.969 nuevos jubilados. El primer mes del año es, tradicionalmente, el que registra un mayor volumen de retiros del mercado laboral, pero la cifra se ha elevado con fuerza en este arranque de año, con un alza del 14 % respecto a enero del 2017.

Pese a lo abultado del repunte todavía es pronto para hablar de tendencia, pero sí hay algo que confirman los expertos en pensiones consultados: el miedo a la entrada en vigor del factor de sostenibilidad está disparando las consultas sobre la jubilación anticipada y, en muchos casos, llevando a los trabajadores a adelantar unos meses su retiro (las altas de nuevos pensionistas de entre 64 y 65 años crecen casi un 13 %). Todo porque, a partir de enero del 2019, a la hora de calcular la pensión inicial no solo se tendrán en cuenta los años trabajados y la base de cotización en cada uno de ellos, sino también la esperanza de vida. Como esta sigue subiendo, para reducir los costes del sistema el factor de sostenibilidad aplicará un porcentaje de reducción sobre las nuevas prestaciones que se concedan (no afectará a las pensiones ya reconocidas).

Un recorte que, si se cumplen las previsiones, no será muy agresivo en los primeros años. Así, un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la patronal de las aseguradoras calcula que el tijeretazo en las pensiones de jubilación que se concedan el año que viene será del 0,72 %. Así, en caso de que el trabajador tuviese derecho a una prestación por retiro de 1.000 euros, esta se reduciría hasta los 992,8 euros. Otras estimaciones rebajan incluso más esa ajuste, hasta el 0,5 %.

En cualquier caso, una pérdida muy inferior a la que asumirán aquellos que decidan adelantar el retiro sin haber hecho muy bien los cálculos antes. Porque, como recuerdan desde el Instituto BBVA de Pensiones, aun en el caso menos lesivo, el de un trabajador con más de 45 años cotizados, habría que soportar un coeficiente reductor del 1,625 % por cada trimestre que se adelante la jubilación respecto a la edad ordinaria. Eso, por solo tres meses. Si se anticipa un año, el recorte sería del 6,5 %. Por lo menos.

Por eso concluyen que, en la mayoría de los casos, «esperar a la edad ordinaria acarrearía una reducción notablemente inferior a cambio de comenzar a percibir la pensión unos meses después».

En esa idea abunda José Antonio Herce, experto en pensiones de AFI, que apunta que «el mejor consejo para los trabajadores que estén sopesando la idea de acceder a la jubilación anticipada es que vayan a las oficinas de la Seguridad Social, donde les van a dar la mejor opción posible», y advierte de que quien decida jubilarse antes de tiempo sin antes haber hecho bien las cuentas «se arriesga a perder hasta un 8 % por cada año de adelanto para evitar un rasguño, que es lo que va a hacer el factor de sostenibilidad cuando entre en vigor».

Y es que, según sus previsiones, a medida que pasen los años y la esperanza de vida vaya aumentando el mordisco del factor de sostenibilidad (que se revisará cada cinco años) será cada vez mayor. Así, el recorte en la prestación inicial podría rozar el 22 % para aquellas personas que se jubilen en el 2060.

Se disparan las consultas

El temor a ese nuevo hachazo en la pensión es también evidente en Galicia, como explican desde los sindicatos. Tanto Pedro Blanco, abogado en UGT, como Maica Bouza, secretaria de Empleo en CC. OO.-Galicia, admiten que las centrales atienden numerosas consultas y que incluso han tenido que convocar asambleas para intentar arrojar algo de luz.

Aunque ellos tampoco disponen de mucha información: «Tal y como está la norma a día de hoy, no compensa jubilarse anticipadamente», apunta Bouza, que sin embargo se queja de que la negativa de los servicios públicos a realizar cálculos sobre el efecto del factor de sostenibilidad (del que todavía no hay cifra oficial) «solo contribuye a generar más incertidumbre entre los trabajadores».

El caramelo fiscal que ofrece Montoro a los mayores beneficiará a menos de la mitad de los jubilados gallegos

La propuesta esbozada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para intentar aplacar el malestar de los pensionistas por la rácana revalorización de sus nóminas en los últimos años va tomando forma. Si en un primer momento se habló de deducción en el IRPF para los jubilados, lo que habría dejado fuera a aquellos con prestaciones más bajas, que ya no tienen la obligación de presentar la declaración de la renta, el ministerio apunta ahora que el caramelo se materializaría en forma de un cheque fiscal incorporado al impuesto de la renta, lo que equivaldría a una ayuda mensual, con una cuantía que aún no se ha desvelado, que se pagaría mensualmente a los pensionistas que cumplan los criterios fijados por el Gobierno.

Algo similar a lo que ya se aplica a las madres trabajadoras con hijos pequeños, que reciben 100 euros al mes durante los tres primeros años de vida del niño. Un impuesto negativo (como se denomina técnicamente) que luego se extendió a las familias numerosas o con discapacitados a cargo.

La clave ahora, además de en el importe de la ayuda, está en ver a partir de qué edad se tendrá acceso a ella. Aunque no hay nada definido, la edad de acceso podría fijarse en los 75 o en los 80 años, ya que, como avanzó Montoro, la idea era apoyar a las personas de edad «muy avanzada» por los «costes inherentes». En cualquiera de esos dos casos, menos de la mitad de los 469.332 jubilados gallegos se beneficiaría de la medida, ya que los mayores de 75 años son 232.960 y solo 156.765 superan los 80.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro no aclara si las pensiones de viudedad, casi 106.000 en Galicia, podrían acceder a esta ayuda, informa Colpisa. Y eso a pesar de que son las prestaciones de menor cuantía y, por tanto, las más perjudicadas por la pérdida de poder adquisitivo al revalorizarse estos años por debajo de la inflación.