La Xunta gestiona más de 115 millones de euros de las fianzas de los alquileres
ECONOMÍA
La cifra se ha triplicado desde el 2015, coincidiendo con el tirón del mercado de la vivienda
27 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El auge del mercado del alquiler no se nota solo en la escasa oferta de pisos para arrendar en las grandes ciudades gallegas y en la espectacular escalada de los precios que se piden por las pocas viviendas disponibles. También en las cuentas corrientes del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), donde, por ley, los propietarios de las casas deben depositar las fianzas que reciben de los arrendatarios cada vez que alquilan sus propiedades.
El organismo dependiente de la Consellería de Vivenda gestionaba a finales del año pasado más de 115 millones de euros en concepto de fianzas, una cantidad que triplica los 41 millones que estaban depositados en marzo del 2015. Y es que en los últimos tres años, coincidiendo con el bum del mercado de alquiler y la nueva normativa sobre las viviendas turísticas, el número de contratos registrados ante el IGVS se ha disparado: de las 20.716 fianzas depositadas en el 2014 se pasó a casi 37.500 un año después. En el 2017, con datos hasta el 17 de noviembre (el último que facilitan en la Xunta), los alquileres registrados superaban ya los 35.168.
Y aunque todavía quedaba un mes y medio para cerrar el ejercicio, el importe depositado en la Xunta ya superaba los 22,2 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que en el año 2015, cuando se había marcado la cifra más alta hasta el momento, lo que da muestra del encarecimiento de los alquileres que denuncian desde las asociaciones de inmobiliarias, donde alertan de que se puede estar gestando una burbuja en el mercado del arrendamiento.
Eso, y que, casi siete años después de que entrara en vigor la normativa que obliga a registrar ante la Administración autonómica los contratos de alquiler (con el depósito de la fianza), cada vez es menor la actividad que permanece sin declarar.
En parte, por el propio régimen sancionador previsto en la ley, que califica como infracción leve el hecho de no depositar la fianza del alquiler ante el IGVS, lo que lleva aparejada una sanción que puede oscilar entre los 300 y los 3.000 euros, pero que en ningún caso será inferior al doble de la cantidad que se debía haber consignado.
Además, también ayuda la presión que está ejerciendo la Agencia Tributaria, que en los últimos años ha incluido como uno de los ejes centrales de sus planes de control tributario el cerco a los alquileres no declarados, especialmente de aquellas viviendas turísticas que se publicitan en plataformas on-line.
Recursos para rehabilitar
La nueva normativa, aprobada en plena crisis, en un momento en el que la Administración sufría una seria crisis de ingresos, facultaba a la Xunta para disponer de esta gran bolsa de recursos que suponen las fianzas bloqueadas ante el IGVS (que no generan intereses para los arrendatarios, pase el tiempo que pase este dinero depositado) para financiar políticas de vivienda, especialmente en lo relativo al fomento del alquiler y la rehabilitación.
Aunque la Lei de Vivenda de Galicia le permite disponer de hasta un 70 % de los recursos disponibles en cada momento («siempre que quede garantizada la devolución de las fianzas que sean reclamadas en tiempo y forma»), en la Xunta aún están empezando a explotar esa bolsa de recursos. De momento, el año pasado se creó el Fondo de Cooperación para la Rehabilitación, dotado con 10 millones de euros procedentes de esas fianzas depositadas. Un fondo que, según explican desde Vivenda, está dirigido a actuaciones de rehabilitación en ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, a los que se facilitan préstamos sin intereses destinados, entre otros fines, a reformar edificios en mal estado cuyos propietarios no atienden las órdenes municipales. Los concellos disponen de hasta ocho años para devolver los créditos. En la primera convocatoria, del año pasado, se aprobaron préstamos por importe de 2,4 millones de euros.