El Parlamento pide que la rebaja fiscal por heredar se extienda a los emigrantes

El diputado popular José González puso de relieve que los ciudadanos no pueden ser «tratados de forma discriminatoria» según donde vivan


santiago / la voz

La discusión que dio pie al acuerdo parlamentario arrancó con un ejemplo, el de un padre que fallece en Galicia con un patrimonio valorado en medio millón de euros. Si su hijo reside en la comunidad, pagará unos 6.000 euros de impuesto de sucesiones, pero si vive en Brasil, en Venezuela o Argentina, tendrá que abonar hasta 106.000 euros, 16 veces más. El caso fue sacado a colación por el diputado popular José González Vázquez para defender una iniciativa en la que reclamó igualdad de trato fiscal en las herencias para todos los gallegos, residan en Galicia o en países no miembros de la Unión Europea.

González puso de relieve que los ciudadanos no pueden ser «tratados de forma discriminatoria» según donde vivan, ya sea dentro o fuera de la UE. Señaló que en el 2016 entró en vigor una exención fiscal para el impuesto de sucesiones y donaciones, aplicable en el 99 % de los casos, pues exime de tributación los patrimonios de menos de 400.000 euros, y cree que la medida debería ser extensible a todos los gallegos, residan donde residan.

Tanto la diputada Noa Presas (BNG) como Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) respaldaron la iniciativa de los populares, aunque con algunos matices expresados durante el debate, pues la primera hizo un llamamiento a que el PP sea más incisivo para reclamar una mayor autonomía fiscal al Estado, mientras la segunda animó a los populares a que presenten iniciativas que «distribúan a riqueza e axuden aos fogares a saír da crise». 

Acusación de electoralismo

Más objeciones planteó la diputada Carmen Santos (En Marea), pues no solo calificó de «propaganda» la iniciativa, sino que acusó al grupo que sustenta al Gobierno de intentar «facer campaña» en los países en los que viven los emigrantes que los votan.

«Pídolle que o reconsideren», reclamó José González, advirtiendo que hay «unha parte dos galegos que están prexudicados» por no poder beneficiarse de las exenciones fiscales. Su llamamiento cayó en caso roto, pero no impidió que la iniciativa dirigida al Gobierno central prosperase con el apoyo de los diputados de PP, PSOE y BNG y la abstención de los de En Marea.

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