El Banco Popular fue declarado solvente dos días antes de su caída

¿Podía haber evitado el Banco Popular su resolución? Los 305.000 accionistas afectados por la quiebra repentina de la entidad se quedarán con las dudas, por el momento. Ninguno de los documentos desclasificados ayer por la Junta Única de Resolución (JUR) apunta en una dirección clara.

El mismo organismo que ordenó pasar al Popular por la guillotina el pasado 7 de junio había declarado solo dos días antes que la entidad era solvente: «La evaluación provisional no indica -en este momento- que el banco sea insolvente», reza el informe que elaboró el 5 de junio sobre las condiciones de resolución, en las que se señala que el valor de los activos de la entidad alcanzaba los 147.000 millones de euros. Eso sí, la JUR detectó «señales claras» de que la solvencia del banco estaba «bajo condiciones de estrés». ¿Por qué? En primer lugar por las dudas en torno a la calidad de su cartera: Un 41 % de préstamos a pymes, un 26 % de hipotecas individuales y un 16 % de inversión en construcción con una ratio de préstamos dudosos del 14,9 %. Los verdaderos problemas aparecieron por otro flanco: el de la liquidez. «Es el factor clave que está llevando al banco a una probable quiebra», sostiene el informe del organismo europeo. Un problema que se agravó de forma dramática en los días previos a la caída. La JUR culpa de ello a la «cobertura mediática» del caso y a una espiral de desconfianza. Pero la entidad ya se había beneficiado a principios de año de la liquidez de emergencia (ELA) del Banco Central Europeo (BCE), señal de que había problemas serios. Lo que no aclaran los informes, repletos de párrafos censurados, es cómo era de profusa la sangría del Popular por la fuga masiva de capitales. ¿Se podía haber cortado la hemorragia con más ELA? El BCE lo pone en duda, pero se niega a publicar las cifras. «Sería insuficiente en relación con el tiempo de deterioro de la posición de liquidez [...] Las amortizaciones y conversiones de capital no serían suficientes», defiende la JUR en el documento en el que trata de justificar la decisión de resolver el banco «por interés público». El BCE tampoco arroja luz sobre su errático comportamiento el lunes 5 de mayo. El equipo de Mario Draghi accedió a inyectar ELA en un primer momento, pero negó la liquidez de emergencia al Popular cuando recibió una segunda solicitud alegando que el banco no tenía colateral (garantías) suficiente. ¿Cómo se agotaron los avales de forma tan repentina? Los expertos guardan silencio.

Autopsia

El estudio post mortem del Popular todavía se está redactando en las oficinas de Deloitte. Verá la luz antes de primavera y sus resultados serán determinantes para las causas abiertas contra la vieja cúpula del Popular y las autoridades responsables de la ejecución de la entidad. El análisis revelará si había alternativas menos lesivas para los accionistas que la resolución impuesta por la JUR.

La auditora estadounidense ya había predicho en su informe Hipócrates (nombre en clave del Popular) este escenario de pleitos masivos si se seguía adelante con el esquema de resolución bancaria. «Pueden surgir potenciales denuncias significativas», reza el documento, fechado el 6 de junio y desclasificado después de más de medio año de secuestro.

Ese informe en el que se apoyó la JUR para decretar el fin del Popular se hizo en doce días. La firma norteamericana trata de blindarse frente a posibles escándalos asegurando que la evaluación que hizo del banco español era «provisional», se elaboró en un plazo «extremadamente corto» y sin acceso a «información crítica». Sus expertos insisten en subrayar la alta «incertidumbre» de un documento en el que se barajan tres escenarios. Uno positivo, en el que el banco estaría valorado en 1.300 millones de euros. Uno intermedio, que lo tasa en -2.000 millones, y el más negativo, que otorga un valor negativo de -8.000. En el mejor de los casos, la firma habla de un agujero de 11.800 millones. En el peor, de más de 20.000.

En el texto se recomendaba a la JUR vender la entidad, que de la noche a la mañana del 7 de junio acabó en manos del Santander por un euro. Un euro a cambio de un 6 % de cuota de mercado de depósitos, pero a un coste alto. Podría enfrentarse a pérdidas de 2.700 millones por los riesgos legales heredados.

La banca bendice la candidatura de Luis de Guindos al BCE, pero el Gobierno guarda silencio

«El Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre la candidatura» que presentará España para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo que dejará vacante en mayo el portugués Vítor Constancio. Así lo aseguró ayer el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que diciendo sin decir dejó claro que si el candidato «fuese algún miembro del Ejecutivo y saliese de él, eso no supondría una crisis de Gobierno».

Y es que en todos los círculos económicos se da por hecho que el nombre que España pondrá sobre la mesa para ocupar esa silla a la derecha de Mario Draghi será el del actual ministro de Economía, Luis de Guindos, aunque la confirmación oficial se podría demorar hasta el próximo miércoles, cuando vence el plazo para presentar las candidaturas. Como para Méndez de Vigo su salida solo supondría una simple «sustitución», no habría contradicción con el deseo manifestado por Rajoy de no provocar una crisis de Gobierno.

A la espera de que se confirmen sus aspiraciones al cargo, De Guindos obtuvo ayer un nuevo respaldo en la carrera. El aval le llegó del presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, para quien el ministro de Economía «es un gran profesional», por lo que vería «estupendo» que optase a la vicepresidencia del BCE. Un nombramiento que, admite, sería «importante» para la entidad. Antes que Oliu, también la presidenta de Santander, Ana Botín, remarcó esta semana que el nombramiento de De Guindos sería «una gran noticia», mientras que su homólogo del BBVA, Francisco González, remarcó que España merece más representación en las instituciones europeas.