La minitarifa de autónomos rescatará de la irregularidad a 15.000 gallegos

La reforma de las cotizaciones prevé una cuota de 50 euros para las rentas más bajas

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redacción / la voz

Miles de emprendedores gallegos con ingresos irregulares se debaten entre darse de alta como autónomos o permanecer fuera de la legalidad por tiempo ilimitado. Sin pensión, sin cese de actividad, sin poder cobrar la baja en caso de caer enfermos... Esta es la situación que padecen en Galicia 15.000 de los 450.000 autónomos que, según los cálculos de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), desarrollan una actividad en la sombra. Es decir, no están dados de alta en el RETA (régimen especial de trabajadores autónomos) y tampoco rinden cuentas al fisco.

El peaje que supone la cuota de la Seguridad Social (275 euros al mes, si se cotiza por la base mínima) y los elevados costes que acompañan el inicio de actividad son las principales causas que sumergen en la irregularidad a los trabajadores por cuenta propia que carecen de estabilidad en sus ingresos.

La subcomisión para la reforma del RETA estudia una fórmula para rebajar los gastos de cotización y conseguir que las rentas más bajas se integren en el sistema. Consiste en establecer una minitarifa para trabajadores con ganancias irregulares y cuya cuantía no supere el salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, que ingresen menos de 1.000 euros al año.

Se aplicaría una tarifa de 30 euros a los jóvenes menores de 25 años que trabajen y estudien La propuesta defendida por ATA en la subcomisión para la reforma del RETA establece una cuota de 50 euros durante dos años, prorrogables para aquellos cuyos ingresos sean inferiores al SMI. El siguiente tramo afectaría a quienes facturan por un importe que se sitúa entre los 735,90 euros de salario mínimo y los 919,80 euros de base mínima de cotización al régimen de autónomos, que cotizarían por un 22,05 % (más de siete puntos por debajo del 29,80 % del tipo general). Por último, se aplicaría una tarifa de 30 euros a los jóvenes menores de 25 años que compaginen trabajo y estudios.

Dice ATA que, de este modo, aflorarán de la informalidad unas 250.000 actividades de aquí al año 2021 en España.

Acreditación de ingresos

Las organizaciones de trabajadores por cuenta propia explican que ya hay sentencias que están empezando a reconocer que, para casos como los de los profesores de clases particulares o los vendedores a domicilio no existe obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social, aunque sí han de estar dados de alta en Hacienda por actividad económica. Estas sentencias preocupan al Ministerio de Empleo, que explora desde hace meses fórmulas para dar encaje legal a los profesionales con ingresos bajos; y estaría a favor de la entrada en vigor de la minitarifa.

Sin embrago, este esquema tiene su complejidad técnica, ya que exige la acreditación de los ingresos anuales de cada beneficiario, razón por la cual Empleo ha pedido a Hacienda que valore la viabilidad técnica de desarrollarlo.

Pese a que desde que se inició la recuperación se ha reducido cerca de siete puntos, la economía sumergida representa en España el 17,2 % del PIB. Cifra que, según el último informe del IAW de la Universidad alemana de Tubinga al que se hizo referencia en el Foro Económico Mundial de Davos del pasado año y que recoge variables del bienio 2014-2016, coloca al país como la tercera economía entre las grandes del mundo con mayor peso de esta lacra, solo por detrás de Grecia (21,5 %) e Italia (19,8 %).

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