Montoro quiere aprobar los Presupuestos presionando con el gasto de ministerios y autonomías

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

Emilio Naranjo | Efe

Limita al 50 % el desembolso ministerial sin autorización previa

13 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ministerio de Hacienda vuelve a estar bajo los focos. El detonante en esta ocasión ha sido la aprobación en el último Consejo de Ministros del 2017, sin publicidad alguna, de limitar los gastos que los ministerios pueden realizar este año -con los Presupuestos prorrogados- sin la autorización previa del departamento de Cristóbal Montoro. Hacienda ha cifrado dicha cuantía en el 50 % de lo presupuestado hasta que no se aprueben las nuevas cuentas para el 2018, algo que el Gobierno espera que ocurra en primavera.

Fuentes de Hacienda insistieron en que en absoluto se trata de un recorte, sino de fijar unos límites, «como se ha hecho en ocasiones anteriores», para asegurarse de que el gasto de los ministerios no acabe excediendo lo que recojan los Presupuestos del 2018.

Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, envió un mensaje a los grupos de la oposición en el sentido de que sería más productivo que, en vez de quejarse de que se controlen las inversiones -tanto el PSOE como Unidos Podemos han solicitado ya la comparecencia de Montoro en el Congreso para que explique dicha medida-, negocien con el Ejecutivo para sacar adelante cuanto antes las nuevas cuentas. Ese parece ser el objetivo que subyace en las últimas medidas adoptadas por Hacienda.

De hecho, el límite establecido para los gastos de los diferentes departamentos se suma a la presión que ya tienen también las comunidades autónomas, que no recibirán la financiación extra a cuenta comprometida por el Ejecutivo para el 2018 hasta que no se aprueben los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En el aire 400 millones gallegos

En el caso de Galicia, de la actualización de las cuentas dependen 320 millones de euros adicionales para las arcas de la Xunta vía financiación autonómica. A ellos hay que sumar otros 71 millones -lo que acerca a 400 la cifra total-, que es la recaudación incluida por la Administración gallega en los presupuestos autonómicos del 2018 provinientes del impuesto sobre el patrimonio y que, si bien están garantizados en esta ocasión (este tributo, como el IRFP, se devenga a 31 de diciembre, es decir, a año vencido), estarían en el aire para el 2019 si no se aprobasen antes de finales de este ejercicio.

Cabe recordar que el Ejecutivo no sacó decreto alguno antes de expirar el 2017 para prorrogar el impuesto sobre el patrimonio, que el Gobierno del PP recuperó «con carácter temporal» en el 2013, debido a la crisis, después de que el PSOE lo suprimiera en el 2008. Desde entonces, el Ejecutivo aprueba anualmente la prórroga del tributo, algo que ahora está pendiente de inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.

Desde la oposición, tanto PSOE como Unidos Podemos calificaban de «chantaje» del Gobierno estas medidas, precisamente en un momento en el que «tiene que buscar apoyos para aprobar las cuentas».