Facenda pone en el punto de mira las cuentas de casi 70 entidades locales


santiago / la voz

La Consellería de Facenda solicitó durante el pasado año a 67 entidades locales la remisión del plan económico financiero (PEF) por incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, principalmente el déficit y la regla de gasto. Entre ellas hay ayuntamientos como el de Lugo y hasta la propia Diputación de Ourense, en manos del PP y presidida por Manuel Baltar. La exigencia de ajuste para mantener el equilibrio contable la lleva a cabo la Xunta en función de sus competencias, y una vez que comprueba la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior presentada por la entidad local. Con todo, se ha producido una mejora en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad: en el 2016 se solicitó la remisión del PEF a 116 entidades locales, lo que indica que el pasado año se produjo una reducción del 40 %.

Según los datos de la Xunta, durante el 2017 también se solicitaron medidas para sanear los remanentes de tesorería negativos a 26 entidades locales. Cuando es así, Facenda exige que al año siguiente se presente superávit para compensar.

Hasta 57 concellos

Entre los ayuntamientos a los que Facenda ha exigido ajustes por incumplir el déficit o la regla de gasto hay 15 en la provincia de A Coruña, entre los que están Arzúa, Cee, Curtis, Miño, Muxía, Padrón, Mugardos, Narón, Coristanco, Rianxo y Ortigueira; a estos se suman otros once en la de Lugo, donde además del término municipal de la propia capital están Monforte, Foz o Sober; en Ourense hay 21 concellos: Barco de Valdeorras, Xunqueira de Ambía, San Cibrao das Viñas, Celanova, Manzaneda o Xinzo de Limia, entre otros. Y por último, en Pontevedra hay diez ayuntamientos, entre los que se encuentran Agolada, Ponte Caldelas, Ribadumia, Dozón, Caldas de Reis, Meaño y Salvaterra de Miño. Entre las entidades locales a las que Facenda pide ajustes por incumplir la estabilidad hay algunas mancomunidades de municipios, como las de A Mariña o las de las comarcas de Ferrol y Ourense.

La Xunta ejerce la tutela financiera de todos los entes locales de su territorio respetando la autonomía que les reconoce los artículos 140 y 142 de la Constitución. La competencia de tutela financiera está recogida en los artículos 49 y 27.2 del Estatuto de Autonomía.

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