Cuenta atrás en el Catastro para acabar en solo 6 meses el rastreo de inmuebles

Tiene que inspeccionar aún 70 concellos tras destapar casi 350.000 bienes sin declarar


redacción / la voz

Cuenta atrás en el procedimiento extraordinario de regularización del Catastro. A este servicio, dependiente del Ministerio de Hacienda, le restan apenas seis meses por delante para acabar con la inspección masiva, por tierra y aire, de inmuebles no declarados al fisco, ya sean nuevas construcciones, reformas, ampliaciones, galpones, piscinas... Todas ellas tienen que ser dadas de alta ante la Dirección General del Catastro y pagar, entre otros impuestos, el IBI. Si no se hace y lo descubre este organismo, el contribuyente tiene que pagar una tasa de 60 euros y exponerse a los cargos que le vengan desde su ayuntamiento, el responsable de recaudar los impuestos vinculados a los bienes inmuebles.

Este procedimiento se inició en el 2013 y estaba previsto que finalizara en el 2016, pero se ha tenido que prorrogar hasta julio del 2018 ante el enorme trabajo de campo. Las infracciones eran más de las que se calculaban inicialmente. Las cifras lo atestiguan: solo en Galicia se han destapado casi 350.000 instalaciones no declaradas; no quiere decir que sean ilegales urbanísticamente, sino que no se han registrado ante Hacienda y, por tanto, no se está pagando por ellas. Solo con ese cobro de la tasa de 60 euros, Montoro ha ingresado 22 millones de euros.

Esos, en concreto, 346.199 bienes -última cifra del Catastro, a septiembre del 2017- se descubrieron en 237 municipios, los que ya se han peinado por completo. Pero quedan más de 70 cuya inspección se ha prorrogado hasta el 1 de julio, seis meses más de lo previsto inicialmente. Entre los ayuntamientos en inspección están cuatro de los diez mayores, por población, de Galicia: A Coruña, Pontevedra, Vilagarcía y Oleiros. Y uno de los más extensos, por territorio, A Estrada. En el Catastro creen que con el nuevo plazo extraordinario, aprobado el pasado verano, se podrá completar todo el rastreo a tiempo. Para ello, la Administración se vale de imágenes de satélite, de drones y de visitas sobre el terreno con sus técnicos.

¿Qué implica que se destapen esas construcciones? Urbanísticamente nada, pero fiscalmente todo. Porque, de entrada, supondrá una subida en el recibo del IBI al incrementarse el volumen por el que se tiene que tributar. La subida media por este procedimiento está en el 5 %, y va desde el 3,7 % que se ha incrementado en la provincia de Ourense, hasta el 7,8 % en la de Lugo.

Pero no es el único impuesto afectado. Puede serlo también el de transmisiones patrimoniales o el de sucesiones y donaciones cuando se tengan que declarar.

Al margen del «catastrazo»

Este procedimiento es independiente de otro, el de la revisión de los valores catastrales. Esos indicadores los aprobó el último Consejo de Ministros del 2017 para más de un millar de municipios en España, entre ellos una veintena en la comunidad, pequeños ayuntamientos que tenían esos valores congelados desde el año 2002. Se trata de Fisterra, Laxe y San Sadurniño en la provincia de A Coruña; A Guarda, Baiona, O Porriño, Salceda de Caselas y Vilanova de Arousa, en la de Pontevedra; A Pastoriza, Ribadeo y Taboada, en Lugo; y A Gudiña, A Rúa, A Veiga, Castro Caldelas, Celanova, Ribadavia y Vilamarín, en Ourense. En total, unos 130.000 recibos del IBI que subirán este año para los propietarios.

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