En el último año se disparó hasta los 8.200 millones en Galicia, casi el presupuesto de la Xunta
05 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El gasto en pensiones no deja de pulverizar récords. El pasado año, el desembolso público en Galicia rebasó los 8.200 millones de euros, 200 más que el ejercicio anterior y una cifra que, por ejemplo, roza el presupuesto anual de toda la Xunta. Con el reto del imparable aumento de la esperanza de vida y la mejora de las cuantías que perciben quienes se incorporan al sistema, el reloj juega en contra de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, de la que deben salir propuestas para hacer sostenibles -y suficientes- las pensiones en el futuro.
El mensaje oficial del Gobierno es llamar a la calma, insistiendo en que el sistema no corre peligro porque las pensiones tienen al Estado como garante. «A partir de septiembre [y hasta fin de año] se empieza a hablar de que esto quiebra. Vamos a relajarnos», pidió en noviembre la popular Celia Villalobos, presidenta de esa comisión del Pacto de Toledo, en relación a los mensajes que proliferan en la época del año en la que se suelen hacer las aportaciones a los planes privados de pensiones. Pero, peticiones de calma aparte, las estadísticas son elocuentes y recogen un incremento constante tanto de nuevos beneficiarios como del gasto en estas prestaciones. En una década el número de perceptores de alguna de las distintas clases de prestación contributiva del sistema (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) ha crecido en más de 52.000 personas en la comunidad, pasando de los menos de 621.000 beneficiarios de diciembre del 2007 a los más de 673.000 de finales del 2017, mientras que el número de pensiones aún es mayor (más de la mitad del sistema corresponden a las de jubilación): casi 762.000, 56.000 más en un ejercicio. Conviene recordar que una misma persona puede percibir varias, como jubilación y viudedad, por ejemplo.
En consencuencia, el gasto también se ha disparado y en la última década en Galicia subió en más de 2.600 millones, elevándose desde 5.618 a 8.225 millones anuales, es decir, un 46 %. También hay que tener en cuenta que los nuevos jubilados que entran al sistema cobran, de media, una nómina más altas que los anteriores.
Y si las cifras no invitan a la tranquilidad por el lado de los gastos, aún menos lo hacen por el lado de los ingresos de la Seguridad Social, ya que la caja de la que sale el dinero, y que se nutre de las cotizaciones sociales de los trabajadores, no da para sufragarlos. Es decir, que las cotizaciones no son suficientes, algo en lo que tiene especial peso no solo el alto paro, sino que aunque se cree empleo este no sea de calidad (de ahí el cambio de discurso del Ejecutivo, ahora a favor de que se suban los sueldos).
En este escenario, y ante el persistente déficit de la Seguridad Social, el Gobierno volvió a echar mano el pasado año del Fondo de Reserva, conocido como la hucha de las pensiones, de cuyo colchón lleva tirando desde el 2013 para pagar las extras de verano y Navidad. Para no dejar a cero la hucha, empleó el crédito de 10.200 millones incluido en los Presupuestos del Estado para dicho fin. Ahora, a falta de que del Pacto de Toledo salga un documento de recomendaciones para reformar el sistema de pensiones, el único cambio a vista es la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, en el 2019, que ajustará la cuantía a la esperanza de vida, con la consecuente rebaja económica. Pero se mantendrá la duda sobre unas pensiones futuras suficientes y sostenibles.