El juez impone una fianza de 80 millones a la cúpula de Caixanova por la gravedad del último caso

Avisa de que procederá al embargo de bienes si no se cubre la cifra

Julio Fernández Gayoso y José Luis Pego, en la Audiencia Nacional
Julio Fernández Gayoso y José Luis Pego, en la Audiencia Nacional

redacción / la voz

Los antiguos responsables de Caixanova entraron estos pasados lunes y martes a declarar como investigados en la Audiencia Nacional sabiendo que enfrente tendrían un juez que veía gravedad en el caso del que se iba a ocupar: la financiación irregular al grupo Promalar para hacerse con la conservera Alfageme, una operación gestada hace diez años y que terminó provocando un quebranto económico a la caja de 80 millones de euros.

Dos semanas antes de verse las caras, el instructor ya les había hecho llegar que pediría una fianza solidaria a todos ellos por ese mismo importe, 80 millones. Antes incluso de que fueran a declarar. En un auto conocido ayer, pero con fecha de 16 de noviembre, el juez considera que, a la vista de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, es preciso adoptar esa medida excepcional para cubrir el quebranto. Y lo razona por varias circunstancias. La primera, «la gravedad de los hechos expuestos». Esto es, una sucesión de créditos al grupo Promalar de hasta 135 millones, sin pasar por el consejo y con serias sospechas -así lo expone la Fiscalía- de que se daban exclusivamente por las relaciones existentes entre Alfageme y Caixanova. «Los máximos gestores de la entidad eran plenamente conscientes de que los 60 millones de euros [iniciales] no iban a ser utilizados para la finalidad descrita en la póliza», se lee en el auto.

La segunda razón, la «complejidad de los hechos aparentemente delictivos», al cruzarse varios créditos y operaciones. Tercer motivo: «La duración temporal de la causa [los créditos se dieron entre el 2005 y el 2009] y, al mismo tiempo, la circunstancia de que la instrucción va avanzando, lo que permitirá ir concretando tanto los hechos como los perjuicios que previsiblemente deberán ser indemnizados, incrementándose el riesgo de que los imputados traten de sustraer sus bienes al cumplimiento de sus responsabilidades», apunta el juez. Y, en cuarto lugar, impone esa fianza por «la cuantía de las responsabilidades que previsiblemente pudieran declararse procedentes», en caso de juicio oral y condena. Para esa hipotética situación aún falta tiempo.

En ese auto de mediados de noviembre, el juez dio a los imputados cinco días para la formalización de esa fianza, un período ya vencido. Ninguna de las fuentes consultadas ha podido precisar si se ha depositado. No parece fácil que se pueda afrontar, porque al menos tres de ellos -Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego y Gregorio Gorriarán- ya tuvieron que disponer un pago tras ser condenados por las indemnizaciones millonarias. En caso de no poner entre todos esos 80 millones, el juez ya avisa de que «se procederá al embargo de bienes suficientes de los denunciados».

Esta investigación procede de un caso remitido por el FROB (el fondo público de rescate bancario) a Anticorrupción, que ha acabado llevando el caso a la Audiencia Nacional por el impacto económico. La Fiscalía acusa a los ocho investigados de tres delitos: administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social; otorgamiento de contrato simulado; y blanqueo de capitales. Por esos delitos se exponen a hasta 14 años de prisión.

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