La Audiencia Nacional impone una fianza de 80 millones a la antigua cúpula de Caixanova
La Fiscalía sostiene que la caja gallega concedió un crédito a la sociedad Promalar a pesar de contravenir los intereses de la propia entidad
Madrid
El titular del juzgado de instrucción número 5, José de la Mata, ha impuesto una fianza de 80 millones de euros a los exdirectivos de Caixanova acusados de administración desleal y blanqueo en la concesión de un préstamo a una sociedad vinculada a antiguos gestores de la entidad.
Esta cantidad coincide con el supuesto deterioro ocasionado a la caja gallega por el expresidente Julio Fernández Gayoso, los exdirectores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, el subdirector general de la caja entre el 2009 y el 2010, Domingo Gonzalez, y el director de la oficina principal José Benito Parente.
La Fiscalía sostiene que en otoño del 2005 Caixanova concedió un crédito a la sociedad Promalar, en la que contaban con intereses el que fuera presidente de la entidad Guillermo Alonso y el consejero Fernando García del Valle, con el objetivo de «ayudar a reflotarla dadas sus serias dificultades económicas».
En opinión del Ministerio Público, los máximos gestores gallegos «querían beneficiar económicamente a los accionistas por su estrecha relación con la caja, facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables» a pesar de contravenir los intereses de la propia Caixanova.
Para ello «se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar», fundada en 1999 por el también investigado Juan Lago, que era su administrador, para la compraventa de inmuebles y la promoción inmobiliaria.
Promalar recibió un primer préstamo de Caixanova de 60 millones de euros y posteriormente otros dos, uno de 9,25 millones y otro de 5 millones de euros.
Pero el destino de los fondos no fue reflotar la empresa, sino beneficiar a sus accionistas mediante transferencias a varias cuentas bancarias, según la Fiscalía Anticorrupción.
El daño ocasionado trascendería a los propios intereses de Caixanova, al tratarse de una entidad intervenida por el Banco de España y que ha pasado a ser administrada por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), por lo que se trata de un caso de «grave repercusión en la seguridad de la economía nacional».
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Caixanova es ya la entidad financiera con más procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional tras iniciarse en noviembre una cuarta operación. Esta ha ido por sospechas sobre una financiación a Promalar para que pudiera hacerse con la conservera Alfageme, una empresa en dificultades en la que había directivos vinculados directamente a la entidad que presidía Julio Fernández Gayoso. Este veterano directivo, que estuvo en prisión entre enero y agosto por el caso de las indemnizaciones millonarias (primer caso investigado), declaró ayer ante el juez José de la Mata. También lo hicieron el responsable del área inmobiliaria, Gregorio Gorriarán (otro condenado por el caso de las indemnizaciones), y el empresario Juan Lago, de Promalar, donde está el origen de la investigación. El lunes lo hicieron José Luis Pego (mano derecha de Gayoso, que también fue condenado y encarcelado por el primer caso) y Domingo González Mera, ex alto cargo de Caixanova, hoy en una consultora privada.
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