La excúpula de Caixanova se enfrenta ahora a penas de hasta 14 años de cárcel
ECONOMÍA
Anticorrupción los acusa de administración desleal, contrato simulado y blanqueo
11 dic 2017 . Actualizado a las 22:17 h.Apenas dos semanas después de salir de prisión, el ex director general de la extinta Caixanova José Luis Pego regresó ayer a la Audiencia Nacional. Llegó pocos minutos antes de las diez de la mañana, hora a la que estaba citado por el juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, para declarar en calidad de investigado, figura legal que sustituye a la de imputado.
Accedió a las instalaciones del tribunal sin hacer comentario alguno a los medios, en un recorrido que hoy repetirán el expresidente de la entidad financiera Julio Fernández Gayoso (que accedió al tercer grado el pasado verano) y el que fue responsable del grupo inmobiliario de la entidad Gregorio Gorriarán.
Después de pasar por la cárcel tras ser condenados por la Audiencia Nacional por el cobro de jubilaciones millonarias pese a la quiebra de Novacaixagalicia, que precisó 9.000 millones de dinero público, los exdirectivos se enfrentan ahora a un nuevo procedimiento judicial que puede acabar con penas de 14 años de prisión e incluso más, según las fuentes consultadas.
Y es que el juez De la Mata admitió el pasado 16 de noviembre una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la antigua cúpula de Caixanova (a Gayoso, Pego y Gorriarán se suman también Domingo González Mera, subdirector general en el 2009 y el 2010; y José Benito Parente Vázquez, director general de la oficina principal de la entidad bancaria). Los acusa de la comisión de un delito societario «en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social», así como de otorgamiento de contrato simulado y de un tercero de blanqueo de capitales.
«Dado que el artículo 295 del Código Penal, que castiga la administración desleal, está derogado, entiendo que el aplicable en este caso sería el 252, que prevé pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses», explica Marcelino Tamargo, director de Espacio Legal, despacho especializado en derecho financiero y bancario. Además, ya que el juez en su auto pone en relación dicho artículo con el 74 del Código Penal, que establece los supuestos de agravamiento de penas, «podría darse el caso de que por el delito de administración desleal se aplicase la pena superior en uno o dos grados, es decir, que podrían ser condenados con hasta 18 años de cárcel», añade Belén Jiménez, abogada del mismo despacho.
A lo anterior habría que sumar potenciales condenas por simulación de contrato (entre 1 y 4 años) y por blanqueo (de 6 meses a 6 años, más multa por una cantidad en una horquilla entre el valor de los bienes blanqueados y el triple de los mismos), además de la posible inhabilitación para el ejercicio de su profesión.
Junto a los exdirectivos de la caja, la Audiencia también investiga a Juan Lago Pérez, administrador de la inmobiliaria viguesa Promalar, y a dos tasadores.
Un quebranto de 80 millones
Los hechos ocurrieron entre el 2005 y el 2009, cuando los exdirectivos de la entidad concedieron cuatro créditos por importe de 135 millones a la promotora viguesa Promalar para la compra de la conservera Bernardo Alfageme, vinculada al expresidente de Caixanova Guillermo Alonso Jáudenes, ya fallecido. Sin embargo, la operación acabó generando un perjuicio económico de más de 80 millones a la entidad financiera, ya que la empresa alimentaria acabó presentando concurso de acreedores y Promalar quebró.
Los investigados concedieron cuatro créditos por un importe total de 135 millones de euros El auto explica, recogiendo los argumentos de la denuncia de Anticorrupción, que «los máximos gestores de Caixanova querían beneficiar económicamente a los accionistas por su estrecha relación con la caja, facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables y en perjuicio de la entidad de crédito que administraban. Se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar».
Esta causa es ya la cuarta de los acusados en la Audiencia
Con esta última causa, los antiguos gestores de Novacaixagalicia ya acumulan cuatro procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional. El primero de ellos, el de las indemnizaciones millonarias que percibieron, se cerró con la condena a dos años de cárcel y su ingreso en prisión el pasado invierno, lo que los convirtió en los primeros banqueros de esta crisis en entrar en prisión.
Precisamente, la Sala de lo Penal argumentaba su sorprendente decisión de ponerlos entre rejas (nadie contaba con ello, al carecer de antecedentes, al contrario que en la actualidad, y no rebasar su pena los dos años), porque tenían otras causas «pendientes con la Justicia», además de no haber cubierto en su totalidad la responsabilidad civil que se les impuso.
Las causas pendientes a las que el tribunal hacía referencia se derivan, como en el caso de este último procedimiento, de las operaciones sospechosas de esconder ilegalidades que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) puso en su momento en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Cabe recordar que, de los 57 casos sospechosos que el FROB envió a la Fiscalía, 12 corresponden a las cajas gallegas.
A finales del 2015 la magistrada Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia, tomó declaración a los exgestores de la antigua caja gallega, con Gayoso al frente, por la concesión de un crédito inmobiliario de 67 millones de euros a la constructora Copasa. El objetivo del préstamo era comprar terrenos en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, pero la operación, que data del 2007, se frustró por la crisis y concluyó con la dación en pago de las fincas en el año 2010.
El otro procedimiento pendiente corresponde a unas diligencias previas abiertas precisamente en el 2010. Aunque no ha trascendido exactamente qué se investiga, fuentes conocedoras lo vinculan con una operación urbanística financiada por Caixanova en el área de Vigo.