Hacienda destapa en Galicia en solo un año 134.000 inmuebles sin declarar

La forma más común de fraude es rehabilitar o ampliar de espaldas al Catastro

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santiago / la voz

La inspección de la Dirección General del Catastro inició hace ahora casi cuatro años un plan de regularización para detectar bienes inmuebles ocultos por toda España. Y los resultados de ese programa extraordinario de control han sido de lo más fructífero en la comunidad gallega. Desde que empezaron las inspecciones hasta ahora, en las cuatro provincias gallegas, Hacienda ha descubierto un total de 346.199 bienes inmuebles sin declarar, de naturaleza tanto rústica como urbana. Teniendo en cuenta que a julio del 2016 (la anterior fecha actualizada) la cifra de construcciones destapadas era de 212.221 y que el último dato actualizado es de septiembre del 2017, significa que en poco más de un año, Hacienda ha hecho aflorar casi 134.000 bienes que no computaban a efectos tributarios.

Entre el abanico de modalidades de fraude destacan la rehabilitación y la ampliación de inmuebles que no se comunican al Catastro: en las cuatro provincias gallegas, y en apenas 14 meses, el número de casos descubiertos ha pasado de casi 80.900 a cerca de 149.000, lo que representa un crecimiento del 82 %.

Las nuevas construcciones ocultas al fisco también son considerables: pasan de las 84.296 que se habían contabilizado hasta julio del 2016 hasta las 133.524 registradas el pasado mes de septiembre. Es decir, casi 50.000 casos más, lo que representa un aumento del 50 %. Como tercera modalidad más extendida de fraude están las reformas de bienes inmuebles, de naturaleza tanto rústica como urbana. El Catastro ha destapado 57.075 casos desde el 2014. Solo en el último año han aflorado 17.000, lo que supone un aumento del 42 %.

En lo que sí se ha producido un freno ha sido en destapar piscinas ocultas. Apenas unas decenas más en los últimos 14 meses en Galicia, cuando a lo largo de todo el plan de regularización se han llegado a descubrir en el conjunto de la comunidad hasta 6.625 piscinas ocultas a efectos tributarios. En esto tiene que ver que las inspecciones en el último ejercicio se han concentrado más en las ciudades y menos en áreas rurales.

Según los datos que maneja el Catastro, Ourense y Lugo, las provincias con mayor población en el rural, son las que contabilizan el mayor porcentaje de fraude en nuevas construcciones, por encima del que se registra en ampliaciones y reformas. En ambas provincias estaría en el 51 y en el 45 %, respectivamente. En A Coruña y Pontevedra, en cambio, son las rehabilitaciones de viviendas las que concentran la mayor bolsa de ocultación al fisco, con el 48 y el 49 %, respectivamente. Hay que tener en cuenta que todo este procedimiento sigue abierto y no se está peinado el mismo territorio en cada provincia. De ahí que los datos por provincias puedan resultar engañosos.

El balance del plan de regularización del catastro, iniciado hace casi cuatro años, arroja como resultado en Galicia el afloramiento de casi 350.000 bienes ocultos a efectos fiscales, de los que un tercio se encuentran en la provincia de A Coruña. Se trata de propiedades desconocidas para el ayuntamiento correspondiente y para Hacienda por las que sus dueños no pagaban el impuesto de bienes inmuebles.

Para desempeñar esta tarea, el Catastro cuenta con un cuerpo formado por más de 2.300 trabajadores, que han llevado a cabo su trabajo con fotos aéreas, en las que se han utilizado drones y satélites y otras herramientas, como Google Maps, así como visitas sobre el terreno. El organismo contrasta la información obtenida con documentación y datos de los propios ayuntamientos, y al detectar el fraude se le envía al contribuyente una carta para comunicarle el inicio de un proceso regularizador.

Un plan que se prorroga hasta mediados del próximo año

En principio, estaba previsto que el plan de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Catastro concluyese este mes de noviembre. Pero el departamento que depende de Cristóbal Montoro ha ampliado el plazo entre tres y siete meses para finalizar los trabajos. La minuciosidad y la complejidad de este control, unidas a la dispersión geográfica de comunidades como la gallega, hacían imposible cumplir con el calendario inicial. La prórroga fue publicada hace unos meses por el BOE.

Así, los 125 concellos de Galicia en los que la Dirección General del Catastro está desarrollando este año -el último- sus revisiones han visto ampliados los plazos. Los 46 municipios que debían haber cerrado el 30 de julio el proceso tuvieron hasta el pasado 30 de octubre. Aquí están afectados 14 de A Coruña, entre ellos Abegondo, Arteixo, Cambre, Carballo, Narón, Ordes, Padrón, Pontedeume, Rianxo o Santiago; Carballedo y Sarria en la provincia de Lugo; otros 21 de la de Ourense, entre ellos la propia capital como municipio más extenso; y, cerrando, nueve en Pontevedra, entre los que resaltan Lalín, Mos, As Neves, Nigrán, Poio o Silleda.

A ellos se suman otros 79 cuyo plazo se ampliará siete meses, hasta el 1 de julio del 2018, por la dificultad para poder acabar todo el trabajo. No es algo que solo suceda en Galicia, sino también en toda España. En esta segunda tanda hay 25 municipios coruñeses, entre ellos el mayor de la provincia, A Coruña, y otros como Arzúa, Boiro, A Capela, Curtis, Dodro, Fisterra, Mazaricos, Miño, Moeche, Monfero, Muxía, Oleiros, Porto do Son, San Sadurniño, Santiso, Toques o Touro. También 24 ourensanos, como Baltar, Bande, Beariz, Os Blancos, Boborás, Carballeda, Entrimo, Laza, Leiro, Lobios, Maside, Vilamarín o Vilamartín de Valdeorras. Hay 19 más en Pontevedra, con la capital provincial entre ellos, y Cambados, A Estrada, Forcarei, Gondomar, A Lama, Meaño, Oia, O Porriño, Salvaterra, Sanxenxo, Tui, Valga o Vilagarcía. Y se cierra con once en Lugo: Burela, Castroverde, O Incio, Monforte, Ourol, Palas, Pedrafita, Portomarín, Ribas de Sil, Riotorto y Taboada.

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